Zapopan, Jalisco.- El regidor de Morena en Zapopan, Alejandro del Puerto, ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) medidas de protección y cautelares después de recibir presuntas amenazas en los últimos días. Estas amenazas, afirma, se relacionan con su denuncia contra el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, el de Zapopan, Juan José Frangie, y el Banco Accendo por el presunto delito de fraude y el uso ilícito de atribuciones y facultades. La denuncia se refiere al supuesto desfalco de 300 millones de pesos del erario municipal.
En una entrevista en el Senado, Alejandro del Puerto compartió su preocupación con legisladores de Morena, quienes escucharon su testimonio. El regidor expuso que ha sido objeto de amenazas públicas por parte de los alcaldes de Movimiento Ciudadano. En respuesta, presentó un oficio a la FGR solicitando medidas de protección y la comparecencia de los funcionarios denunciados. En sus propias palabras:
Ya solicité medidas cautelares y de protección al Ministerio Público de la Federación para poder continuar con mi trabajo como regidor y recuperar los 300 millones que Pablo Lemus manejó de manera irresponsable
Alejandro del Puerto también informó que ha pedido a la FGR citar a declarar a los alcaldes mencionados. En sus palabras:
Ya veremos si, como ellos mismos dijeron, es verdad que están dispuestos a cumplir con cualquier requerimiento que tenga la FGR para esclarecer esta situación
El regidor rememoró que hace unos días presentó una denuncia por el presunto desfalco de fondos públicos en Jalisco, y añadió: "He pedido al Fiscal que realice diversos actos de investigación". Además, Alejandro del Puerto expresó su deseo de que, debido a la necesidad de esclarecer las responsabilidades en este caso, la Tesorera se separe voluntariamente de su cargo. Esto permitiría que la Fiscalía realice una investigación más efectiva.
La situación planteada por el regidor de Morena destaca la importancia de una investigación transparente y rigurosa en casos de presunta corrupción y fraude en la administración pública. La protección y la integridad de los denunciantes son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas y la justicia en tales situaciones.
Fuente: Tribuna