Tijuana. - El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra actualmente investigando a fondo las denuncias de presunto abuso sexual a niños de entre 2 y 3 años en la guardería Las Abejitas, ubicada en Tijuana. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha generado controversia al negarse a recibir la denuncia de las madres de las presuntas víctimas, argumentando que los niños aún no hablan y que una revisión médica podría traumarlos.
La denuncia surgió cuando Yaricsa, madre de uno de los afectados, notó cambios abruptos en el comportamiento de su hijo de tres años. El niño dejó de comer, mostraba tristeza y lloraba ante cualquier intento de tocar su cuerpo. Otro padre, cuyo hijo también tenía tres años, alertó a otras familias sobre la situación, revelando que su propio hijo había reportado que uno de los cuidadores tocaba sus genitales. La familia interpuso una denuncia, y el menor describió que una cuidadora les advertía sobre ser llevados a la "cueva del monstruo" si se portaban mal, lugar donde un joven de 18 años los tocaba.
Yaricsa se presentó en la oficina de delitos sexuales de la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia, pero fue informada de que no procedía porque su hijo no hablaba. La frustración y desesperación de los padres se intensifican, ya que sienten que no hay una protección adecuada para los niños afectados.
Cinthya, madre de una bebé de dos años, también es parte de las denuncias. Ella descubrió la agresión cuando su mamá le informó sobre el dolor en el área genital de su hija. A pesar de su intento de revisar las cámaras de seguridad de la guardería, la directora no accedió a mostrar las imágenes. Al presentar su denuncia en la fiscalía, se le advirtió que la revisión médica podría ser traumática para su hija.
Jorge Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, ha iniciado una investigación sobre el caso de presuntos abusos sexuales en la guardería del IMSS. Hasta ahora, ni el IMSS y la FGE no han proporcionado información oficial. La situación plantea preguntas sobre la protección de los derechos de los niños y la capacidad de las autoridades para abordar adecuadamente estos casos sensibles.
Fuente: Tribuna