Toluca, Estado de México.- En un giro alarmante de los acontecimientos, los vendedores de pollo en Toluca, Estado de México, se ven obligados a contratar seguridad privada para protegerse de las crecientes extorsiones perpetradas por el crimen organizado. Lo que alguna vez fue una fuente de ingresos estable para estos comerciantes, se ha convertido en un escenario de violencia y amenazas.
Los afectados, en su mayoría propietarios de aproximadamente 10 rastros de pollo en el municipio, han sido blanco de la Familia Michoacana, una organización delictiva que ha desatado una ola de extorsiones. No obstante, no se limita a los rastros, ya que negocios dedicados al mayoreo o menudeo también han sido víctimas de hombres que se hacen pasar por miembros de esta organización criminal.
La situación ha llegado a niveles críticos, y los comerciantes, agobiados por el constante pago del "derecho de piso", tomaron la decisión de negarse a seguir contribuyendo a estas cuotas. La respuesta de los delincuentes no se hizo esperar, manifestándose a través de amenazas, incendios de bodegas, daños a vehículos y ataques armados a los negocios.
El desafío llegó a un punto insostenible, y algunos comerciantes optaron por denunciar ante las autoridades. Sin embargo, lamentan que estas no hayan proporcionado la protección necesaria, permitiendo que la célula delictiva persista con sus ataques. Como respuesta a la falta de acción gubernamental, muchos se vieron obligados a contratar seguridad privada como medida desesperada para salvaguardar sus vidas y propiedades.
La contratación de seguridad privada, aunque inicialmente ofrecía cierto alivio, se vio amenazada recientemente cuando, inexplicablemente, se retiró el servicio de protección. Este cambio repentino ha dejado a los comerciantes en una posición aún más vulnerable, aumentando la incertidumbre sobre su seguridad y sus fuentes de ingresos.
Hartos de vivir con miedo y enfrentar amenazas constantes, los comerciantes han alzado su voz en busca de apoyo. Han dirigido sus peticiones a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, solicitando su intervención urgente para poner fin a más de tres años de extorsiones. Su llamado es claro: quieren trabajar sin temor a represalias y exigen acciones contundentes para detener la extorsión que ha paralizado su capacidad para ganarse la vida de manera digna.
La situación de los vendedores de pollo en Toluca destaca la urgente necesidad de una respuesta gubernamental efectiva y medidas de seguridad adecuadas para proteger a los ciudadanos y sus medios de subsistencia de las garras del crimen organizado.
Fuente: Tribuna