Ciudad de México.- Después de la implementación de un operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en coordinación con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), colocaron sellos de clausura en un almacén de madera, posiblemente clandestino, ubicado en la alcaldía Tláhuac. Lo anterior como parte de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México para proteger el ambiente y evitar la tala clandestina de los bosques del Área Metropolitana.
Esta operación se dio como resultado de los trabajos de inteligencia e investigación del delito de tala ilegal y aserraderos de las zonas sur y oriente de la Ciudad de México. Por lo anterior, las autoridades obtuvieron información sobre una bodega de manera, la cual estaba localizada en la calle 20 de Noviembre, en la colonia San Nicolás Tetelco, lugar donde se trabajaba con madera clandestina.
En el despliegue, coordinado entre la SSC y la dependencia federal se realizó una inspección en la que el dueño no presentó el libro de entradas y salidas, y otras irregularidades en el inventario, por lo cual se impuso como medida de seguridad un sello de clausura en el lugar, donde se aseguraron más de 27 mil metros cúbicos de madera de pino, cuya procedencia se desconoce, las investigaciones del caso seguirán con el objetivo de conocer el origen del material y deslindar responsabilidades.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con autonomía técnica y operativa. Su nacimiento data del 4 de junio de 1992, fecha en la que el Diario Oficial de la Federación publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social que la crea. La Profepa tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.
Entre los objetivos de la dependencia destaca contener la destrucción de recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental, procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita, así como lograr la participación de los miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la ley ambiental.
Fuente: Tribuna