Ciudad de México. - En el año 2023, miles de niñas, niños y adolescentes en México fueron víctimas de graves violaciones a sus Derechos Humanos, según reveló el Balance Anual presentado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). El informe destaca que alrededor de 2,095 personas, menores de 17 años, fueron asesinadas en el período de enero a noviembre de 2023, evidenciando una alarmante cifra de violencia.
El informe detalla que de estas víctimas, 490 eran mujeres y 1,605 hombres, resaltando la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia en el país. Michoacán, Guanajuato y Jalisco fueron los tres estados con mayor cantidad de homicidios de niñez y adolescencia, mientras que el Estado de México encabezó la lista de entidades con la mayor cantidad de feminicidios de niñas y mujeres adolescentes, seguido por Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Chihuahua.
La REDIM señala que el 2023 fue "un año de múltiples violencias y retrocesos en materia de derechos para infancias y adolescencias en México". Los menores fueron víctimas de asesinatos, secuestros, reclutamiento, desapariciones y otras graves violaciones que atentaron contra sus derechos humanos.
A pesar de estos retrocesos, el informe destaca que en 2024 se destinaron menos recursos a la niñez. La REDIM resalta la intención pública del Ejecutivo Federal de desmantelar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), trasladando funciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Además, se asignaron 979.2 mil millones de pesos para la niñez y adolescencia en 2024, representando el 10.8% del Presupuesto de Egresos de la Federación, una cifra menor que la asignada en 2023 (10.84%) y considerablemente inferior a la observada en 2015 (15.04%).
La REDIM destaca la escalada de la militarización en el país como un factor preocupante que afecta los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente a los migrantes, indigentes y víctimas de desplazamiento forzado. El informe busca proporcionar herramientas a los Poderes del Estado para garantizar el reconocimiento y cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia.
Fuente: Tribuna