Ciudad de México.- El pasado miércoles 18 de diciembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) anunció que está dispuesta a abrir las puertas de las iglesias para que las personas entreguen sus armas de forma voluntaria y segura en los atrios. La Iglesia Católica, a través de un mensaje en sus redes sociales, destacó que con esta acción se transformará el dolor en esperanza.
En su declaración, reafirmó su compromiso con el perdón, la reconciliación y la construcción de un México próspero y pacífico, alentando a la población con el lema #SíAlDesarmeSíALaPaz. Esta no es la primera vez que esta institución religiosa interviene en temas de seguridad. En abril el sacerdote José Filiberto Velázquez, de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, compartió en una entrevista cómo la Iglesia ha intervenido para mediar un alto a la violencia entre dos grupos del crimen organizado en Guerrero. (Los Ardillos y Los Tlacos).
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Velázquez señaló que su rol consistió en dialogar con allegados de ambos líderes y facilitar una comunicación telefónica entre ellos, cuyo objetivo principal fue poner fin a los homicidios entre las bandas. En el encuentro telefónico, los líderes expusieron sus diferencias y acordaron no interferir en los intereses ni negocios del otro.
Este pronunciamiento ocurre tras el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, en su conferencia de prensa matutina del martes, presentó el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" como parte de su estrategia de seguridad para el próximo año. La iniciativa consiste en colocar puntos de entrega de armas, a cambio de recursos económicos, sin que se realicen investigaciones previas. Sheinbaum explicó que el objetivo de esta medida es desarmar a la población. La líder del Poder Ejecutivo recordó que este programa ya fue implementado en la Ciudad de México durante su gestión como jefa de Gobierno.
Sheinbaum también habló sobre otras acciones en materia de seguridad, como el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la reforma para otorgar mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la coordinación con los gobernadores de los estados.
Fuente: Tribuna Sonora