Veracruz.- La Fiscalía del estado de Veracruz confirmó que Jorge N, exfiscal de la entidad, fue vinculado a proceso por el delito de tortura en contra de Francisco Zárate Aviña, antiguo colaborador del también exfiscal Luis Ángel Bravo. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de la Fiscalía, donde se anunció que el exfuncionario permanecerá en prisión preventiva por un año mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Según el comunicado oficial emitido por la Fiscalía, se logró la vinculación a proceso de Jorge N como probable responsable del delito de tortura, ocurrido en mayo de 2018, durante su gestión como Fiscal General del Estado de Veracruz. El proceso legal se llevó a cabo en el XI Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, donde se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año en el marco del proceso penal 47/2022.
Jorge N fue arrestado en julio de 2022 en el municipio de Puerto Escondido, Oaxaca, después de permanecer prófugo de la justicia durante tres años. Desde su detención, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1, El Altiplano, ubicado en el Estado de México. Sin embargo, el pasado 16 de febrero, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria. No obstante, este beneficio fue revocado el mismo día por la Fiscalía, que lo reaprehendió debido a una nueva investigación relacionada con el delito de tortura.
Las acusaciones en contra del exfiscal Jorge N incluyen los delitos de tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, todos presuntamente cometidos en 2018. Estas graves acusaciones han generado un gran interés público y han puesto en evidencia la importancia de la rendición de cuentas y el imperio de la ley en el sistema de justicia de Veracruz.
La vinculación a proceso de Jorge N representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las presuntas víctimas de tortura y otros abusos cometidos durante su gestión como fiscal. La Fiscalía continúa trabajando en este caso y se espera que se realice un proceso legal justo y transparente para determinar la responsabilidad del exfuncionario en los delitos que se le imputan.
Este caso también destaca la importancia de la labor de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y de garantizar la protección de los derechos humanos en el estado de Veracruz. La sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos están atentas al desarrollo de este proceso judicial, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la impunidad y la violencia institucional en la región.
Fuente: Tribuna