Ciudad de México.- La lucha contra el crimen organizado en la Ciudad de México continúa. Ahora, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a dos hombres en posesión de dos armas de fuego largas y cartuchos útiles, de las que no acreditaron su legal portación, en la alcaldía Azcapotzalco, además detuvieron a tres personas que intentaron impedir el actuar de los policías.
De acuerdo con lo informado por la dependencia capitalina, mientras los uniformados realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, fueron alertados por los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, de una emergencia por disparos de arma de fuego en la esquina de las calles 23 de Abril y Joaquín Amaro, por lo que acudieron al lugar.
Al arribar, los policías observaron un vehículo de color blanco cuyos tripulantes manipulaban dos armas de fuego, por ello, con las medidas de seguridad necesarias, se acercaron a las personas quienes al notar la presencia policial intentaron huir del sitio a bordo del automóvil, pero en una rápida acción fueron detenidos. Posteriormente, se les indicó que descendieran de la unidad para realizarles una revisión de seguridad.
Tras la revisión, les hallaron dos armas de fuego largas, dos cargadores y 15 cartuchos útiles, de los cuales no comprobaron su legal portación, ni posesión. Por lo anterior, los hombres de 22 y 23 años de edad, fueron detenidos, enterados de sus derechos de ley y puestos a disposición, junto con el vehículo y lo asegurado, del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.
Cabe señalar que, al sitio llegó un grupo de personas que comenzaron a agredir verbalmente a los policías, con el objetivo de llevarse a los detenidos, por tal motivo se solicitó el apoyo de más equipos de trabajo, se controló la situación y se detuvo a dos hombres 25 años y uno de 38 años de edad, se les informaron sus derechos constitucionales y fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.
Fuente: Tribuna