Santa Lucía del Camino, Oaxaca - En respuesta al trágico homicidio de Diego Ignacio Paz, un joven estudiante de 22 años, durante un operativo de alcoholímetro, el alcalde de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, tomó la decisión de separar de su cargo al comandante Cirino Santiago Velasco, quien fungía como director de la Policía Vial Municipal. El hecho, ocurrido la madrugada del 31 de agosto, generó indignación y puso ajo escrutinio las prácticas de las corporaciones de seguridad pública del municipio.
En un video publicado en sus redes sociales, el presidente municipal anunció una serie de cambios en las corporaciones de seguridad, a raíz del suceso en el que Diego Ignacio Paz, estudiante de la carrera de Comunicación, perdió la vida por un disparo presuntamente realizado por un agente de la Policía Municipal. Además de la destitución de Santiago Velasco, quien ocupaba su cargo desde julio de 2019, también fueron cesados otros cuatro policías: el Policía Primero Miguel S.S., el Suboficial Cristóbal V.G., el Policía Segundo José E.G.R., y la Oficial Gilda B.A.R.
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Hay que subrayar que, aunque estas personas fueron removidas de sus funciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que ninguno de ellos se encuentra bajo investigación por el homicidio. Hasta el momento, solo se ha confirmado la detención de un agente municipal identificado como A.R.P., presunto responsable del disparo que acabó con la vida del joven.
El proceso de investigación sigue en curso. Estamos colaborando con la Fiscalía para proporcionar todas las pruebas y elementos necesarios para esclarecer este lamentable suceso”, declaró el edil García Márquez.
En medio de la conmoción por el homicidio, se confirmó también la renuncia de Marcos Fredy Hernández López, quien hasta la mañana del 2 de septiembre ocupaba el cargo de director de Seguridad Pública municipal. La salida de Hernández López ocurre en un contexto de fuertes críticas, alimentadas por testimonios de presuntos integrantes de la Policía Municipal que lo acusan de exigir una cuota semanal a través de multas e infracciones injustificadas, muchas de ellas vinculadas a los operativos de alcoholímetro.
El caso desató un debate sobre los abusos de autoridad en el municipio. En una carta dirigida al alcalde, la familia de Diego Ignacio Paz denunció que las autoridades locales utilizan los operativos de alcoholímetro como pretexto para realizar cateos injustificados, extorsionar a ciudadanos pacíficos y obtener ingresos de manera indebida.
Asimismo, la FGE confirmó que Diego, quien viajaba acompañado de su amigo Josué la madrugada de su muerte, presentaba una herida de bala al momento de ser detenido. Además, Josué, quien fue testigo de los hechos, se encuentra bajo la custodia de la autoridad ministerial mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
En su misiva, los padres de Diego expresaron su dolor e indignación: “Diego no merecía morir. Su joven alma no merecía ser destruida de esta manera. Ustedes, quienes tienen hijos, deben comprender que han cometido un acto imperdonable. La sangre de Diego pesa sobre sus cabezas. La sociedad no puede seguir soportando un sistema que permite que los servidores públicos se conviertan en sus verdugos”.
El trágico fallecimiento de Diego Ignacio Paz ha sacudido a la comunidad de Santa Lucía del Camino y ha puesto en evidencia la necesidad urgente de revisar y reformar los procedimientos y controles de las fuerzas de seguridad municipales para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.
Fuente. Tribuna