Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encuentra revisando un nuevo informe relacionado con la muerte de la Paula Josette, el cual concluye que la joven fue asfixiada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo. Este caso ha generado gran atención, especialmente por la posibilidad de que los ocho funcionarios públicos judicializados hayan incurrido en conductas similares durante su desempeño en el penal.
Así lo informó este lunes el fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas, quien enfatizó que no se permitirá ninguna impunidad en el caso y aseguró que, de identificarse a más responsables, se iniciarán procesos legales de la misma índole que los enfrentados actualmente por los siete custodios y el subcomandante del Cereso. "Estamos analizando todas las pruebas disponibles y agotaremos cualquier línea de investigación que aún esté abierta", aseguró el fiscal.
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Paula Josette falleció a los 23 años el 15 de enero de 2024 durante una visita al penal de Hermosillo, acompañada por otra mujer cuya identidad aún no ha sido revelada. El 19 de enero, la Fiscalía estatal anunció que ocho personas estaban siendo investigadas por incumplimiento de deber legal, incluyendo al subcomandante Chrystian Manuel 'N', quien enfrenta cargos por homicidio culposo al no haber tomado las medidas necesarias para prevenir el fallecimiento de Josette.
Según lo explicado por Salas, la necropsia reveló un infarto al miocardio como causa de muerte, pero se está evaluando si un factor externo pudo haber desencadenado este evento. El Fiscal explicó que buscan entender si hubo alguna circunstancia inducida que pudiera haber contribuido al infarto. Asimismo, desmintió las versiones mediáticas que aseguran que la investigación ha concluido, destacando que el caso sigue abierto y bajo minuciosa revisión.
Respecto a la posible presencia de drogas en el incidente, el fiscal optó por no hacer declaraciones que pudieran revictimizar a Josette, subrayando que la investigación es integral. Finalmente, Salas señaló que se está investigando la existencia de conductas delictivas adicionales por parte de los ocho implicados, lo que podría derivar en la ampliación de los cargos en su contra. Además, confirmó que hubo comunicación electrónica irregular entre el recluso y las víctimas, una actividad que calificó como claramente inapropiada.
Fuente: Tribuna