Uruapan, Michoacán.- La administración municipal de Uruapan, Michoacán, atraviesa una compleja coyuntura legal que involucra directamente al primer círculo de seguridad del entonces alcalde, Carlos Manzo. Las autoridades judiciales confirmaron la vinculación a proceso de siete elementos pertenecientes al cuerpo de escoltas del edil, tras una audiencia celebrada recientemente. Sin embargo, el caso ha puesto el foco de atención en la figura de quien fuera el responsable de conformar dicho equipo, el coronel retirado del Ejército Mexicano, José Manuel Jiménez Miranda.
La Fiscalía y el juez de la causa determinaron que existen elementos suficientes para procesar a los siete guardias detenidos bajo la acusación de homicidio doloso calificado, específicamente en la modalidad de "omisión por comisión". Este concepto jurídico implica que los acusados, teniendo la obligación legal y la posición de garantes de seguridad, no habrían realizado las acciones necesarias para impedir un deceso, lo que penalmente se equipara a haberlo causado.
No obstante, la investigación no se limita a los agentes operativos detenidos el pasado 21 de noviembre en la Casa de la Cultura del centro de Uruapan. Las instancias de procuración de justicia extendieron el requerimiento judicial hacia José Manuel Jiménez Miranda, quien fungía como jefe de escoltas y fue el encargado directo de seleccionar y validar a los elementos que hoy se encuentran en prisión preventiva. Actualmente, el coronel retirado se encuentra en calidad de prófugo, al no haber comparecido ante los llamados de la autoridad para responder por la misma causa penal.
La trayectoria de Jiménez Miranda en la actual administración ha estado marcada por diversos movimientos administrativos. Inicialmente, ocupó el cargo de director de Seguridad Pública Municipal. Su salida de dicha posición se produjo a raíz de una denuncia interpuesta por su cónyuge, quien lo acusó de violencia intrafamiliar, señalando agresiones físicas y psicológicas. Este antecedente obligó su separación del mando policial. Pese a la gravedad de los señalamientos previos, el acusado logró un acuerdo conciliatorio con su pareja.
Jiménez Miranda fue reincorporado a la estructura municipal por decisión del alcalde Carlos Manzo. En esta segunda etapa, se le asignó la jefatura de escoltas, otorgándole la facultad de reclutar y supervisar al personal encargado de la seguridad personal del munícipe. Es precisamente este grupo, elegido bajo su criterio y mando, el que ahora enfrenta un proceso penal por homicidio, mientras su superior jerárquico permanece evadido de la justicia, dejando vacía la coordinación de seguridad y bajo el escrutinio público los criterios de selección de confianza en el ayuntamiento.
Fuente: Tribuna del Yaqui
