Ciudad de México.- Las autoridades del Estado de Nayarit confirmaron la localización de Ney González Sánchez, quien se desempeñó como gobernador de la entidad entre 2005 y 2011. Tras permanecer prófugo de la justicia por más de 3 años, el exmandatario del PRI fue ubicado en un país de América del Norte. Actualmente, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con instancias federales, gestiona los procedimientos legales necesarios para formalizar su extradición y presentarlo ante los tribunales mexicanos.
La información fue corroborada por Ludmila Heredia Verdugo, subfiscal del estado, quien ofreció detalles sobre el estatus jurídico del caso. Según la funcionaria, González Sánchez enfrenta una serie de acusaciones que abarcan delitos tanto del fuero común como del federal. Entre los cargos que se le imputan destacan la administración fraudulenta, el ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude mediante simulación de actos jurídicos y falsificación de documentos.
El proceso de extradición enfrenta desafíos técnicos debido a las diferencias entre los sistemas legales de México y el país donde se encuentra el exgobernador. Heredia Verdugo explicó que las autoridades extranjeras han solicitado acreditar el principio de "doble criminalidad". Este requisito legal estipula que, para proceder con la entrega de un individuo, los delitos imputados en la nación solicitante (México) deben tener una equivalencia tipificada como crimen en la legislación de la nación receptora.
La subfiscal señaló que la complejidad radica en la naturaleza de los sistemas jurídicos, mientras que México opera bajo un derecho escrito, el país norteamericano en cuestión se rige por el derecho consuetudinario. Esto ha llevado a que los despachos legales en el extranjero soliciten aclaraciones exhaustivas para validar las acusaciones. No obstante, las autoridades locales aseguran que la integración de los expedientes muestra un avance significativo.
Investigación patrimonial y de fraude
El núcleo de las investigaciones se centra en irregularidades financieras vinculadas al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), un instrumento diseñado originalmente para fomentar el desarrollo turístico de la Riviera Nayarita. Las indagatorias apuntan a un presunto desfalco patrimonial mediante la venta irregular de terrenos de playa a particulares y empresas, operaciones que se habrían realizado a través de contratos simulados. La Fiscalía General de la República (FGR) ha colaborado estrechamente en el caso, estableciendo la hipótesis de un "acto continuado".
Según esta línea de investigación, las actividades ilícitas no se limitaron al sexenio de González Sánchez, sino que se habrían extendido hasta 2021, abarcando también la administración de su sucesor, Roberto Sandoval Castañeda. Como resultado de estas pesquisas, las autoridades federales implementaron el 'Mega Operativo Nuevo Nayarit'. Esta acción permitió la recuperación reciente de aproximadamente 9.6 millones de metros cuadrados de predios, cuyo valor comercial se estima en 100 mil millones de pesos.
Asimismo, se ha detectado un esquema financiero que involucra el uso de empresas "fantasma". De acuerdo con la subfiscalía, existen evidencias de que Ney González habría utilizado estas corporaciones, controladas presuntamente por familiares directos, para canalizar y ocultar recursos de origen ilícito. Por el momento, el proceso se mantiene activo a la espera de la resolución de los trámites internacionales para determinar la fecha de su retorno y comparecencia ante la justicia.
Fuente: Tribuna del Yaqui
