Toluca, Estado de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició un expediente de queja para analizar la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en torno a la detención y vinculación a proceso de la joven Dashia Rocío. El caso trascendió la esfera de la nota roja para convertirse en un punto de análisis sobre la correcta aplicación de los protocolos de justicia, la presunción de inocencia y la posible instrumentalización de las instituciones públicas en conflictos de índole familiar y de género.
El origen de la investigación del organismo defensor radica en una serie de inconsistencias denunciadas por la defensa y familiares de la joven de 19 años de edad. La FGJEM comunicó el pasado 4 de diciembre la vinculación a proceso de la acusada bajo cargos de extorsión, señalándola como presunta integrante de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sin embargo, los testimonios recabados por la Comisión de Derechos Humanos sugieren la necesidad de revisar si el aparato de justicia actuó conforme a derecho o si incurrió en violaciones a las garantías fundamentales. Uno de los ejes de la investigación se centra en la detención, ocurrida a finales de noviembre de 2025. Documentos hechos públicos por el periodista Ignacio Villaseñor, quien ha documentado el caso, exponen el testimonio de la abuela de la detenida, testigo presencial de los hechos.
Detención ilegal
Según la declaración integrada en el oficio de la Comisión, la detención se hizo en una agencia automotriz en Lomas Verdes, bajo el pretexto de una cita para la entrega de un vehículo. El testimonio refiere que un grupo de aproximadamente 10 personas, dos mujeres y ocho hombres, abordó a la joven sin presentar, en ese momento, una orden de aprehensión visible ni cumplir con los protocolos de identificación plena que exigen los estándares nacionales e internacionales en materia de detenciones.
El uso de la fuerza y la falta de notificación inmediata de los motivos de la detención podrían constituir una violación al artículo 16 constitucional, que protege a los ciudadanos contra actos de molestia no fundamentados legalmente. El caso adquirió una dimensión crítica desde la perspectiva de género, pues la defensa sostiene que la acusación penal contra Dashia Rocío no es un hecho aislado, sino una respuesta punitiva tras haber denunciado a su padre por abuso sexual.
Denunció a su padre por abuso
Esta hipótesis plantea un escenario de "represión institucional", donde las estructuras del Estado podrían haber sido utilizadas para silenciar a una víctima de abuso mediante la fabricación de culpables. Si la Comisión de Derechos Humanos confirma que existió una dilación o negligencia en la investigación de la denuncia por abuso interpuesta por Dashia, y que, en contraparte, se aceleró de manera irregular el proceso por extorsión en su contra, se estaría ante un caso grave de violencia institucional y revictimización.
La Convención de Belém do Pará obliga a los estados a garantizar que los procesos judiciales no se conviertan en herramientas para perpetuar la violencia contra las mujeres. Otro punto de preocupación en el expediente es el manejo de la evidencia digital. El testimonio señala que, durante la detención, el teléfono celular de la joven fue confiscado y se le exigió la entrega de sus contraseñas bajo presión. Desde la óptica de los derechos humanos, esto vulnera el derecho a la no autoincriminación y a la privacidad.
Más grave aún es la implicación jurídica señalada por la investigación periodística: el dispositivo móvil contendría evidencia clave para sustentar la denuncia de abuso contra el padre de la joven. La manipulación, borrado o alteración de dicho contenido por parte de los agentes aprehensores constituiría un delito de obstrucción de la justicia y destrucción de evidencia, comprometiendo la integridad de ambos procesos legales, la defensa de Dashia ante la acusación de extorsión y su demanda de justicia frente al abuso sexual.
Fuente: Tribuna del Yaqui
