Tijuana, Baja California.- Un juez de control determinó la vinculación a proceso de Alonso Pérez Rico, quien se desempeñó como secretario de Salud de Baja California durante la administración estatal anterior. Esta resolución judicial, dictada el pasado lunes 15 de diciembre, marca la segunda ocasión en que el exfuncionario enfrenta cargos relacionados con el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El caso se centra en una investigación sobre la gestión de recursos públicos durante la emergencia sanitaria por Covid-19 en el año 2020. De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), se analizan presuntas irregularidades en los procesos de licitación y compra de insumos médicos que habrían derivado en una afectación al erario estatal calculada en 39 millones de pesos.
Las diligencias más recientes se realizaron en dos sesiones, la primera el lunes 8 de diciembre en el Centro de Justicia de Mexicali y la segunda el lunes 15 de diciembre en Tijuana. Fue en esta última, tras una sesión que se prolongó por más de 7 horas, donde la autoridad judicial evaluó las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El juez consideró que existen datos suficientes para continuar con la investigación contra el exsecretario.
Sin embargo, también se tienen detectados a otros exservidores públicos que formaron parte de la estructura administrativa de la dependencia. Entre los señalados figuran Miguel Ángel 'N', quien fungía como jefe de Recursos Materiales, y Gerardo 'N', colaborador cercano del extitular, así como otros exdirectivos que integraron el comité responsable de los fallos licitatorios.
A pesar de la vinculación a proceso, el juez de control determinó que los imputados podrán seguir el curso legal en libertad, estableciendo un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto la defensa como la fiscalía podrán aportar nuevas pruebas para fortalecer sus respectivas posturas antes de pasar a la etapa intermedia del juicio.
El origen de la acusación
La indagatoria tiene su origen en auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud. Dicha instancia detectó anomalías administrativas en nueve paquetes de compra adjudicados a la empresa Arsa Lab, con sede en la ciudad de Tijuana. Según lo expuesto en las audiencias, el procedimiento mediante el cual se otorgaron estos contratos no habría cumplido con la normativa vigente para garantizar las mejores condiciones de compra para el Estado, favoreciendo presuntamente a dicha compañía.
Tras el hallazgo de estas inconsistencias, el caso fue turnado a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, entidad que posteriormente formalizó la denuncia ante la Fiscalía estatal para determinar posibles responsabilidades penales. Por su parte, la defensa de Alonso Pérez ha sostenido que las acciones realizadas por el exfuncionario y su equipo respondieron a la necesidad de actuar con celeridad ante la crisis de salud pública global.
El exsecretario declaró a medios locales que los insumos fueron adquiridos bajo la presión de la emergencia sanitaria y que los contratos se ejecutaron utilizando recursos federales, con el conocimiento de las autoridades nacionales de salud. En sus declaraciones, el exfuncionario aclaró que no se le imputan cargos por robo o desvío de recursos hacia cuentas personales, sino por la aplicación incorrecta de los procedimientos normativos en un contexto de urgencia.
No se me está culpando de que me robe dinero, ni de que compre medicamento mal; se me acusa de que el procedimiento utilizado fue el incorrecto", puntualizó, calificado el proceso como una persecución política.
Fuente: Tribuna del Yaqui
