Toluca, Estado de México.- El sistema de justicia del Estado de México concluyó el proceso penal en contra de cuatro individuos implicados en el secuestro de dos menores de edad, imponiendo severas sentencias que suman un total de 370 años de prisión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que, tras el proceso judicial, se demostró de manera fehaciente la culpabilidad de los involucrados.
El Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Toluca determinó las responsabilidades penales de Ramón Sánchez Díaz, Nancy Torres Jiménez y Esther Patricia Díaz Moreno, a quienes se les impuso una condena individual de 90 años de cárcel y el pago de una multa de 868 mil pesos. Por su parte, Adriana Carranza Nava recibió una sentencia mayor, de 100 años de prisión, y una sanción económica de 1 millón 737 mil pesos.
La condena se fundamenta en los eventos ocurridos el pasado 15 de julio de 2024, en la comunidad de Agua Bendita, del municipio de Amanalco. Según la carpeta de investigación, los cuatro sentenciados, portando armas de fuego, irrumpieron en un domicilio particular. En el lugar, sometieron a una persona adulta para proceder a la privación ilegal de la libertad de dos menores de edad que se encontraban en la vivienda.
Una vez consumado el secuestro, el grupo criminal inició contacto con los familiares de las víctimas, a quienes exigieron una considerable suma de dinero como condición para su liberación. La denuncia oportuna activó los protocolos de investigación de la FGJEM. Días después del suceso, elementos de la Fiscalía desplegaron un operativo en la región, que culminó con la detención de los cuatro implicados y, de manera prioritaria, el rescate de las víctimas, quienes fueron localizadas a bordo de un vehículo utilizado por sus captores.
Tras su captura, los detenidos fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público para integrar las pruebas correspondientes. Posteriormente, fueron remitidos a un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde enfrentaron su proceso legal. Las pruebas presentadas por la Fiscalía ayudaron a que la autoridad judicial emitiera el fallo condenatorio, garantizando que los responsables rindan cuentas ante la sociedad.
Fuente: Tribuna
