Hermosillo, Sonora.- Se reveló que hay preocupación por la seguridad del boxeador Julio César Chávez Jr., quien, como se sabe, está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11. Por lo tanto, según información de El Financiero, se considera que algo podría ocurrirle durante su traslado para la próxima audiencia, programada para el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas, por lo que se cree que sería más seguro realizarla mediante videoconferencia.
La decisión fue tomada por el Gobierno de México porque para trasladar al deportista a la sala de juicios orales, es necesario pasar por diversas zonas donde operan facciones correspondientes al Cártel de Sinaloa, pues como te informamos en TRIBUNA, se le acusa de estar vinculado con la delincuencia organizada, centrada en fines de tráfico, fabricación de armas, municiones y hasta explosivos.
Asimismo, existe un documento que tiene como destinatario al juez de Control, Enrique Hernández Miranda, en el que la directora del penal solicita que el proceso se efectúe sin hacer uso de traslados. Además, esta medida también busca proteger al personal que haría la labor. Es vital recalcar que la audiencia está programada alrededor de las 17:00 horas el próximo sábado 23 de agosto de 2025.
Son aproximadamente 40 kilómetros los que tendrían que recorrer para llegar al recinto; el problema es que en este trayecto operan integrantes de La Mayiza, Los Salazar, Matasalas y La Chapiza. Cabe recordar que el hombre de 39 años cuenta con una orden de aprehensión en México desde 2023, similar a la emitida en Estados Unidos, donde se le responsabiliza de delincuencia organizada y tráfico de armas.
La audiencia servirá para determinar si enfrentará juicio formal y si podrá hacerlo en libertad o bajo custodia. En la capital del estado de Sonora se encuentra desde inicios de la semana, luego de que el país vecino lo deportara a través de la garita Dennis DeConcini, en Nogales. Ayer, Chávez Jr. obtuvo un amparo otorgado por la jueza Décimo Primero de Distrito del Estado de Sonora, Ana María Nava Ortega, en el que se establece que no debe ser privado de comunicación.
Fuente: Tribuna
