Oaxaca, Oaxaca.- Las autoridades judiciales del Estado de Oaxaca dictaron auto de vinculación a proceso en contra de tres exservidores públicos del Ayuntamiento de San Juan Lajarcia, ubicado en el distrito de San Carlos Yautepec. La medida responde a las investigaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las cuales apuntan a que se cometió el delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en perjuicio de una integrante del cabildo durante la administración municipal pasada.
El caso se originó a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por una víctima identificada como Gabriela 'N', quien se desempeñaba como regidora de Hacienda en el periodo de gobierno 2023-2025. De acuerdo con el expediente penal, la funcionaria expuso una serie de acciones orientadas a obstaculizar el libre ejercicio de su cargo, vulnerando así sus derechos político electorales.
La investigación ministerial documentó que la regidora fue objeto de agresiones verbales, psicológicas y tratos basados en estereotipos de género. Entre los señalamientos presentados ante el juez, destaca la exclusión de la víctima en la toma de decisiones del Cabildo, así como diversos impedimentos para que pudiera cumplir con las funciones de su regiduría. Estos actos, según la Fiscalía, no fueron hechos aislados, sino conductas reiteradas por parte de sus compañeros.
Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público expuso pruebas suficientes para que el juez de control determinara la situación jurídica de los imputados. Aunque inicialmente la FGEO se refirió a ellos por sus iniciales (A.H.V., J.A.A.M. y R.F.R.S.), información corroborada posteriormente permitió identificar a los procesados como Alfredo Hernández Velásquez, quien fungía como presidente municipal; José Ángel Arreola Martínez, exsíndico; y Rey Fernando Robles Sánchez, exregidor de Obras Públicas.
La resolución judicial se fundamenta en lo establecido por el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, marco jurídico que sanciona a quien obstaculice o anule los derechos políticos de una mujer por razones de género. Si bien la Fiscalía no ha hecho públicas las medidas cautelares que deberán acatar los exfuncionarios mientras continúa el proceso, la vinculación marca un precedente legal en la región respecto a la protección de los derechos políticos de las mujeres en el ámbito municipal.
Fuente: Tribuna del Yaqui
