Ciudad Juárez, Chihuahua.- Este viernes 13 de febrero por la tarde, José Luis A. C., dueño del crematorio Plenitud, recuperó su libertad tras recibir un fallo favorable por parte de la autoridad judicial. La decisión provino del Juzgado Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, encabezado por Luis Eduardo Rivas Martínez, quien otorgó un amparo al acusado. Esta resolución modifica la situación legal del empresario, quien permanecía recluido desde mediados del año 2025.
Los antecedentes del caso se remontan a junio del año pasado, cuando las autoridades de Chihuahua realizaron un cateo en el inmueble propiedad del ahora liberado. En aquel momento, se localizaron 386 cadáveres que no habían pasado por el proceso de cremación, a pesar de que los servicios ya se habían cobrado. José Luis A.C. fue arrestado el 1 de julio de 2025, acusado de delitos vinculados a la inhumación, exhumación y violaciones a las normas de respeto a los restos humanos.
Junto a él fue detenido Facundo M. R., empleado del lugar, quien perdió la vida a finales de ese mismo año debido a complicaciones de salud, dejando al dueño como único imputado en el proceso penal. La noticia de la liberación generó una respuesta por parte de los familiares de las personas fallecidas, quienes se han organizado en el grupo Memoria, Dignidad y Justicia.
A través de un comunicado difundido tras conocerse la sentencia a favor del empresario, expresaron su total desacuerdo con el criterio aplicado por el juez Rivas Martínez. Según el posicionamiento del colectivo, la autoridad judicial consideró los hechos como faltas administrativas y no como delitos graves, una interpretación que las familias rechazan de forma contundente.
Los integrantes del grupo denuncian que, además del almacenamiento indebido de los cuerpos, la empresa entregó urnas con contenido falso, compuesto por tierra y escombros, en lugar de los restos de sus seres queridos. Para los afectados, estas acciones representan una burla y una clara finalidad de lucro con el dolor ajeno, conductas que van mucho más allá de un simple error en la gestión de trámites.
Ante este escenario, el colectivo solicitó la intervención del Gobierno Federal. Su petición busca que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la carpeta de investigación y revise la actuación del juez, argumentando que las instituciones locales no han mostrado la capacidad necesaria para sostener una acusación firme que garantice una sanción acorde a la magnitud de los hechos registrados en el crematorio.
Fuente: Tribuna del Yaqui
