Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de Javier Tapia Santoyo, quien desempeñó funciones como secretario de administración y finanzas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y fungió como tesorero del Issste. El inicio de este procedimiento legal responde a su probable participación en la adjudicación de contratos por un valor estimado de 11 millones de pesos a una compañía clasificada como fantasma.
Según la información proporcionada por la FGR, los hechos ocurrieron cuando el exservidor público laboraba como coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al Issste. Durante su gestión en dicha unidad médica, suscribió los documentos ahora cuestionados. Las indagatorias apuntan que la entidad comercial favorecida forma parte del listado contemplado en el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.
Este padrón está diseñado para identificar a los contribuyentes que simulan operaciones financieras y comerciales. El reporte de la FGR expone que el procesado probablemente recibió dinero a través de distintas transferencias bancarias. Dichos movimientos financieros se habrían realizado de manera directa y mediante la triangulación de recursos utilizando a terceras personas. Estos pagos se habrían detectado incluso tiempo después de que el acusado asumiera su puesto en la administración.
Meses atrás, en diciembre, la dirección del IPN anunció la suspensión de Tapia Santoyo de sus labores como secretario de administración. Esta determinación se ejecutó para no entorpecer las pesquisas sobre posibles irregularidades financieras dentro del instituto. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fue la dependencia encargada de solicitar la separación del cargo. Por su parte, Arturo Reyes Sandoval, titular de la casa de estudios, cooperó con las autoridades.
Instruyó a su equipo de trabajo brindar todas las facilidades y entregar la documentación requerida por los investigadores para mantener la transparencia del proceso. Los antecedentes del caso se remontan al mes de noviembre, cuando la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción acudió ante la Auditoría Superior de la Federación para interponer una denuncia. El documento señalaba al entonces funcionario politécnico y a diversos empresarios dedicados a proveer servicios de aseo y vigilancia.
A raíz de estas acusaciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó remover a Tapia Santoyo de sus labores operativas en el IPN, bajo la sospecha de haber entregado un contrato de 2 mil 500 millones de pesos a una red de proveedores llamada Cártel de la Limpieza. Este grupo se compone de varias sociedades mercantiles que acaparan contratos millonarias en el gobierno. En esta red de empresas figura Servicios Integrales Retimar, señalada por obtener múltiples beneficios económicos mediante este esquema de contratación pública.
Fuente: Tribuna del Yaqui
