Hermosillo, Sonora.- En Sonora hay un cártel inmobiliario que lo mueven políticos de las esferas más altas del poder estatal junto con allegados de notarías y otros órganos administrativos, y el cual, el gobernador Alfonso Durazo buscará investigar los casos relacionados luego de destaparse la cloaca en las redes sociales.
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En la Mesa de Seguridad, le estamos dando seguimiento al cártel inmobiliario, queremos saber qué pasó realmente, si hay irregularidades, para proceder contra quien corresponda en virtud de las investigaciones que estamos realizando", instó Durazo.
Durazo calificó a esta red como "hechos fraudulentos que se están investigando" y adelantó que la Fiscalía de Justicia del Estado (FGJE-Sonora), según ha informado, el Gabinete de Seguridad le está dando seguimiento puntual. "Desde el Gabinete de Seguridad y con respeto total a la autonomía de la Fiscalía, estamos haciendo lo propio porque una dependencia del Ejecutivo está involucrada, así es que estamos trabajando",
- ¿Qué es el cártel inmobiliario?
El cártel inmobiliario en Sonora, de acuerdo con la investigación del periodista de 60 segundos, Jorge Morales, es una organización que tiene más de 30 años, que está encabezado por notarios en el que se despojan terrenos y propiedades. Los testimonios desde que se reveló la investigación se han incrementado, pues se trata de todo un sistema en el que operan.
En Sonora hay propiedades emproblemadas en las que los terrenos o locales que no se han pagado. Mediante los registros a los que tienen acceso buscan la información de las personas y los notarios elaboran una nueva escritura y se convierten en dueños de las propiedades.
Las víctimas son las personas que compran dichas propiedades y las que se les vende su propiedad que no llegan y avanzan a la Fiscalía. Y es que, de acuerdo con la investigación, el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson) están relacionados con varios funcionarios públicos.
La red de los vinculados con el Icreson fueron los funcionarios Luis Miguel Ernesto Pompa, exsecretario de Gobierno; Jorge Durán Puente exsecretario particular; Guillermo Valenzuela Trejo, exregistrador jurisdiccional; entre otros, de la administración estatal que encabezó Claudia Pavlovich Arellano.
Humberto Jesús Robles Pompa, exdirector de Icreson, confesó en una entrevista para Proyecto Puente que solicitó una carpeta de investigación la cual no se le dio. Sin embargo, ninguno de los casos corresponde en su periodo, sino hasta 2017. Además, se calificó inocente de los casos de corrupción.
De acuerdo con Pompa, los registradores son los responsables de registrar las escrituras, por lo que él no estuvo involucrado. Asimismo, señaló que los notarios y el catastro son los mayores. Indicó que en el registro público halló varios casos en el que se interpusieron denuncias que no se han resuelto.
Durazo enfatizó durante una entrevista que se encuentra realizando una nueva manera de transparentar los registros de propiedad para evitar casos de corrupción por dicha institución.
La parte que nos va a ayudar más de manera definitiva en la transparencia de toda la gestión del Icreson es la digitalización de los trámites. Hay archivos por allá abandonados en cuartos cerrados que no tienen las menores condiciones, estamos trabajando en eso y vamos a irles informando periódicamente sobre el tema”, aseveró.
El tema llamó la atención de cientos de personas que se han interesado en denunciar, por lo que la presidenta de la Barra Sonorense de Abogados, Rosela Rendón Rendón, dijo que el problema requiere una mejor solución. “La situación requiere un remedio más grande que uno jurídico. Ya no hay remedio porque hay quienes no han podido recuperar sus propiedades a pesar de los recursos legales”, puntualizó Rendón en una entrevista.
Asimismo, el Gobierno de Sonora se enfrenta contra una Fiscalía que a pesar de tener los documentos y denuncias durante años no se ha avanzado al respecto, según indicó el periodista Morales, se debe a asuntos de interés que se sobreponen a la autonomía de la institución.
- FGJE-Sonora no avanza
La fiscal del estado de Sonora, Claudia Indira Contreras, respondió sobre el asunto del cártel inmobiliario, en el cual dijo están trabajando en el caso y se pasarán las carpetas de investigación a la Fiscalía Especializada Anticorrupción para darle continuación.
Se tienen 23 carpetas de investigación al respecto, que se encuentran también 24 personas investigadas al respecto, que ya se han judicializado y se han obtenido tres sentencias condenatorias y obviamente se expuso este caso por el interés también de la Mesa de Seguridad y acordamos pasar estas carpetas para dar continuación con la Fiscalía Especializada Anticorrupción”, indicó.
No obstante, las investigaciones tendrían una mano atada a Contreras, ya que se presume que el vicefiscal, Gustavo Bustamante, se encuentra involucrado en el cártel inmobiliario, sin embargo, la fiscal lo defendió y avaló sus aportaciones a la institución y declaró que si hay alguien quien quiera hacer una afirmación contraria, presente las pruebas.
Bustamante ha hecho una gran aportación a la institución, porque debo reconocer que tiene amplio conocimiento, no solamente en materia penal, en materia de amparo, en materia civil, en materia mercantil, entonces por supuesto que sí le ha abonado a la institución y si hay alguien que quiera hacer una afirmación contraria, pues que presente las pruebas”.
- Terrenos campestres
Sin embargo, aún no está claro si se han registrado casos en meses anteriores de venta de terrenos campestres en el estado se relacionan con el cártel inmobiliario. El número de denuncias por ventas ilegales de terrenos campestres en distintos municipios de Sonora ha ocasionado que desde Palacio Nacional se empiecen a tomar medidas para detener estas “tranzas”, como lo llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves 7 de octubre durante su conferencia de prensa mañanera.
La gente no debe dejarse engañar por las llamadas ‘empresas inmobiliarias' que construyen en terrenos no legalizados y no podrán entregarles escrituras, o las que venden viviendas mal hechas construidas en sitios peligrosos”.
De acuerdo con un periódico de circulación estatal, el gobierno municipal de Hermosillo ya inició distintos procesos judiciales y administrativos en contra de al menos 14 desarrollos por diversas irregularidades. La capital del estado no es el único municipio de Sonora en donde se han denunciado la venta de lotes campestres, sobre todo en Bahía de Kino y San Pedro El Saucito, pues lo mismo ha sucedido con Guaymas, en San Carlos; así como en Puerto Peñasco y Álamos.
El atractivo de estos lotes de terreno es que se encuentran por debajo del precio normal en los que se venden, sin embargo, cuando las personas terminan de realizar los pagos por la propiedad no cuentan con las escrituras.
Por ello, el abogado Héctor Contreras Pérez declaró que las demandas contra de desarrolladores campestres fue luego de que los compradores se dieron cuenta que la propiedad les fue vendida por una persona que no era el dueño o porque las colindancias no corresponden o no contaban con la autorización judicial o el Ayuntamiento.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que las denuncias se deben hacer cuando los compradores se den cuenta de dichas irregularidades. “Todo eso que se parece, todavía, entonces que no se permita, que cuando se quiera dar un permiso para construcción, que se denuncie y que todos ayudemos porque fue un desorden, una anarquía”. Sin embargo, también dijo que este problema se debía resolver con ayuda de los gobiernos locales. “Esto depende de autoridades estatales y locales; todavía hay lugares donde se siguen haciendo esos negocios ilícitos”.
Ante estos señalamientos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dijo que se encuentra resolviendo la problemática que existe en el estado.
Estamos promoviendo una reunión, le he pedido al secretario de Gobierno que se reúna con los presidentes municipales de Hermosillo y Ciudad Obregón para revisar eventuales irregularidades. Creo que debemos poner manos al asunto de tal manera que la adquisición de predios de esta naturaleza no ponga en riesgo los intereses de las familias que los adquieren", dijo.
El Registro Agrario Nacional (RAN) informó que los terrenos vendidos son de origen ejidal, nacional o privado. Y es que son los municipios los encargados de otorgar los permisos para la venta de los terrenos, por lo que el gobernador recalcó que buscará que se informe sobre la situación para que no afecte el patrimonio de los ciudadanos.
Hace unos meses, se denunció que había venta ilegal de terrenos en la invasión Tres Reinas, por lo que el entonces presidente municipal, Fermín González Gaxiola, dijo que tenía un censo establecido para la regularización ante el Cabildo, así como una imagen satelital para realizar las asignaciones.
Javier Luján Espinoza, Director General de Comunicación Social, mencionó que el número de familias que viven en Tres Reinas es de 430, según el censo elaborado por el Ayuntamiento y en caso de haber más lotes disponibles, las personas interesadas pueden acercarse para hacer los procedimientos correspondientes y es debido al número de lotes que se encuentran en proceso de regularización.
Fuente: Staff