Sonora.- La industria minera canadiense y sus especuladores controlan la extracción de metales preciosos en México, y lo hacen ejerciendo presión a los gobiernos, amenazando a comunidades y aprovechándose de un marco legal laxo: extraen riqueza y solo dejan pesares, como si se tratase de conquistadores de un país tribal
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Hace más de quinientos años dio inicio la conquista de América, en aquel tiempo fueron españoles, portugueses y, posteriormente, británicos y franceses quienes arrasaron con las riquezas del Nuevo Mundo para subsidiar sus guerras en Europa; hoy, cinco siglos después el conquistador no viene del otro lado del Atlántico sino desde el norte del mismo continente.
Las mineras canadienses llevan años sometiendo a las naciones del centro y sur de América, donde controlan activos por 67 mil 50 millones de dólares, producto de 80 proyectos desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Fue a principios de la década de los noventas, en el siglo XX, cuando, aprovechando la firma de tratados de comercio internacional, aterrizaron en las naciones latinoamericanas mediante un discurso que prometía riqueza, prosperidad y un cuidado absoluto por el medio ambiente.
La minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo. Y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían; por el contrario, han generado muchos problemas”, explica a la BBC César Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
No son pocos los expertos en el tema que atañen a las mineras canadienses una serie de conflictos graves en territorio latino, lo que incluye disputas comerciales, políticas, sociales, medioambientales e, incluso, violencia contra comunidades que interfieren con sus afanes de explotación.
De acuerdo con organismos internacionales, las mineras canadienses registraron más de trescientos conflictos en América Latina en la última década, de los cuales 29 se encuentran vigentes en México, el país que más casos acumula, muy por encima de la media. Lo dicho se refleja en el tema del riesgo medioambiental, pues de los 560 casos que la Secretaría del Medio Ambiente reconoce, 173 son causados por actividad minera.
La Organización Global Witness ha insistido en el último lustro que la actividad minera representa el mayor riesgo para cientos de comunidades y la relaciona con al menos una veintena de asesinatos.
Sin duda, un panorama oscuro.
- Orígenes y ganancias
El problema está en la Ley Minera, que está hecha para beneficio de las grandes industrias mineras, quienes pueden utilizar sin el menor control, tierra, agua y demás recursos ambientales, además de no ser vigilados por autoridad alguna”, explica Julieta Lamberti de la ONG Poder.
La frase se ciñe a mayo de 1990, fecha en que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari fue pieza clave para que se aprobase una Ley Minera que hasta el día de hoy favorece a la industria por encima, incluso, de la salud y el bienestar de la ciudadanía
El problema está en que su contenido ha posibilitado violaciones a derechos humanos y privilegios de las empresas mineras”, explica Itzel Silva, abogada especializada en el tema, quien añade que la citada ley “viola convenios internacionales reconocidos por el Estado mexicano, además de que ha favorecido la entrega de territorios a empresas mineras”.
Las industrias mineras extranjeras controlan poco más de mil proyectos, equivalente a 1600 minas, siendo, además de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y China los países vinculados al sector, uno que, pese a controlar un flujo de más de 20 mil millones de dólares al año, sólo representan el 1% del PIB.
Particularmente, la industria minera canadiense ha ganado miles de millones de dólares desde 1992 que comenzó su arribo al país; el lobby canadiense minero, constituido originalmente por especuladores de capital y no por expertos en la materia, de acuerdo a reportes periodísticos y federales, convenció a todos los presidentes (desde Salinas hasta Peña Nieto) de otorgarles más y más concesiones, varias de ellas multimillonarias.
Tan sólo el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculó en más de 7 mil millones de dólares las ganancias de las mineras del país norteamericano en México, dinero que no se ve reflejado en el país, pues la laxitud del marco legal les permite pagar tan sólo el 6% de impuestos sobre esos dividendos.
Estos números provienen de una extracción que supera las 70 toneladas anuales de oro, haciendo de México la décima veta más grande del mundo; de ese total, alrededor de 60 mil salen de las diez mineras más grandes, de las cuales seis son canadienses: Alamos Gold, Pan American Silver, First Majestic, Torex Gold, Agnico Eagle y Equinox Gold.
Monstruos capitalistas.
De acuerdo con Pierre Becauge, profesor emérito de la Universidad de Quebec, gran parte de la responsabilidad del impacto casi colonial que han tenido las mineras canadienses en América Latina y particularmente en México, se debe a la laxitud del gobierno y a la especulación de los grandes capitales, que, en la práctica, han convertido a Canadá en un paraíso fiscal para la industria.
Y no sólo eso, sino que el gobierno canadiense encubre operaciones de las mineras en el extranjero, por lo que es casi imposible enjuiciarlas por lo que hacen en otro lado del mundo. Canadá es una base de ensueño para las trasnacionales que explotan minas en otra parte del mundo", explica Becauge.
Los investigadores Alain Denault y William Sacher han identificado y documentado que prácticamente siete de cada diez sociedades de exploración y explotación minera en el mundo tienen su sede en Canadá, de las cuales el 60% cotizan en la Bolsa de Toronto; paradójicamente la mitad de éstas empresas nunca han invertido o explorado en su país de origen, sino que enfocaron sus pilas a Latinoamérica y África.
Hay una fiebre del oro para las mineras canadienses, y esto responde a la coyuntura favorable que ofrece el mercado y un marco jurídico sumamente permisivo tanto en Canadá como en México, en este último debido a que en su momento Carlos Salinas copio la ley minera canadiense y la aplicó en México, teniendo prioridad legal sobre otro uso de suelo”, argumenta Becauge.
Ante los señalamientos, Ben Chalmers, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá, aseguró a medios internacionales que sus estudios revelan que sólo el 20% de las mineras de su país tienen conflictos asociados a la actividad.
En términos generales, las mineras canadienses están manejando los conflictos mejor que otras minas de propiedad extranjera", dijo.
- Conflictos y amenazas
Para organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales el principal problema de la minería canadiense es el alto impacto que tiene socialmente de forma negativa.
Hablamos de un impacto en el medioambiente, en el uso de recursos naturales, en la explotación de trabajadores y, por desgracia, hasta temas de violencia y acoso sistemático”, explica Rodrigo González, un sociólogo que ha hecho énfasis en investigar el tema en sus posgrados de la Universidad Iberoamericana.
La ONG Mining Watch Canada (MWC) calcula que cada gramo de oro extraído requiere 481 mil litros de agua, el equivalente al consumo total por mes de 38 personas adultas; además se necesitan 7 mil litros de diésel y 1864 kilogramos de explosivos, sin contar el momento de la separación del oro, proceso que utiliza por cada ocasión hasta 11 mil gramos de cianuro o mercurio, dos productos de alta toxicidad que terminan contaminando los mantos freáticos o las cuencas de agua cercanas.
Lamentablemente el tema medioambiental no es la única herida profunda que dejan las mineras en su conquista de México y América Latina: la situación, delicada de origen, las señala como desestabilizadoras de la paz social con fines económicos, y de financiadoras de movimientos anti derechos o de políticos voraces.
El periodista Jesús Lemus, especializado en cobertura de asuntos criminales, ha revelado en varias ocasiones los vínculos de las mineras con varios de los cárteles del narcotráfico más poderosos del país con la idea de “neutralizar a los opositores a sus proyectos económicos, mediante la persecución, el hostigamiento y la ejecución de grupos indígenas”, escribió en un texto publicado en Los Ángeles Times.
A su vez, reportes internacionales detallan que mientras el tráfico de drogas genera ganancias anuales por 25 mil millones de dólares, la minería lo hace por 200 mil, lo que abre el apetito del crimen organizado.
Para Lemus el dato no es menor, ya que “mediante la prestación de sus servicios como brazo ejecutor de las mineras o mediante su intervención directa en la explotación de yacimientos, se quede con el 10% de los recursos (como lo estima la Fiscalía General de la República), esos grupos ya están logrando la utilidad equiparable a lo que obtienen por el trasiego de drogas”.
Al tiempo, varios medios de comunicación han reportado que activistas y organizaciones sociales han recibido amenazas directamente de las mineras canadienses: comuneros de Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Zacatecas y, hoy Sonora, dan fe de ello en una lucha desigual por el intento de una nueva conquista del país, ayer por europeos, actualmente por los especuladores canadienses.
Fuente. Staff