Reportaje: A 7 años del Río Sonora, la justicia no llega y la pesadilla sigue ahí

Hermosillo, Sonora.- El pasado 6 de agosto se cumplió un año más del derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi -provocado por la empresa minera Grupo México propiedad de Germán Larrea Mota Velasco- donde más de 22 mil habitantes de ocho municipios (Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures) se vieron severamente afectados. 

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Hoy, las promesas del gobierno y de Grupo México no se han cumplido: miles no tienen acceso a agua potable, ni a servicios médicos; se han incrementado los casos de enfermedades en la región, principalmente enfermedades respiratorias y gastrointestinales, afectaciones cutáneas y altos niveles de metales pesados en la sangre, y los campesinos han dejado de cultivar sus tierras y de vender los productos tradicionales de la región, por temor a la contaminación. 

• Vivir con las afectaciones

Aunque miles de personas estuvieron expuestas al derrame, directamente e indirectamente, las autoridades sólo reconocieron oficialmente a 380 afectados los cuales presentaron cuadros severos de úlceras cutáneas.

Pero el problema no termina ahí, para el investigador del departamento de medicina y ciencias de la salud de la Universidad de Sonora (Unison) Héctor Duarte Tagles, todavía no se ven las afectaciones a largo plazo.

"El principal problema que hemos visto en cuestiones de salud es que el efecto de muchos de estos contaminantes son crónicos y subcrónicos. Apenas vamos a empezar a ver y con los más debiles que son los niños que están absorbiendo estos contaminantes". Explica que entre las principales enfermedades que se verán está la insuficiencia renal, el cáncer, y los problemas cardíacos.

A nosotros nos preocupó mucho que no se atendiera está parte de salud desde un principio como debería de ser".

• El agua que Grupo México contaminó

Una de las mayores exigencias de los habitantes del Río Sonora es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dicte medidas cautelares para salvaguardar el abastecimiento de agua potable, salubre, y suficiente; esto ya que en 2020 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció que tras nuevos muestreos realizados el agua de consumo humano en los siete municipios del Río Sonora sigue contaminada masivamente con metales pesados principalmente de arsénico y plomo.

Antonio Romo, académico e investigador del Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la Unison, quien estuvo presente en Ures cuando sucedió el derrame, detalla que fue gracias a las redes sociales que se dan cuenta del problema, pues las autoridades nunca informaron.

"Las aguas que eran cristalinas empezaron a ver color marrón, por el derrame de cientos de toneladas de óxido de hierro, arsénico, cadmio, cromo. Nadie informaba a la gente qué hacer, cómo protegerse".

Sobre la contaminación Romo explica, que de acuerdo con los monitoreos que se han hecho, para el 2018 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que el 42 por ciento de los pozos para consumo humano estaban fuera de la norma (NOM-127), es decir estaban contaminados por diferentes metales pesados.

Para el 2020, según Cofepris el 97.2 por ciento de los pozos estaban contaminados principalmente por arsénico. “Urgen que las autoridades tomen cartas en el asunto porque se gasta mucho en garrafones de agua y las familias no pueden estar comprando todos los días esa agua purificada”.

• Lo que nunca se cumplió

El 11 de septiembre de 2014 Grupo México crea un fideicomiso por 2 mil millones de pesos con el objetivo de remediar los daños provocados. Se entregaron algunos apoyos, los cuales a decir de los afectados se repartieron entre funcionarios y personas que no vivían en la zona, además se prometió la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora, pero hasta hoy es una obra negra.

También se anunció la perforación de 18 nuevos pozos y 36 plantas potabilizadoras, solo se instalaron 9 de estas plantas. Las que se instalaron no están en funcionamiento y la infraestructura está derrumbada. En febrero de 2017 el fideicomiso se cerró y se decretó que la remediación estaba completa.

Es en junio de 2019 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y en 2020 falló a favor de Río Sonora. Aunque el pasado 22 y 23 de mayo se realizó una reunión entre Profepa y los Comités de la Cuenca del Río Sonora, hoy la justicia todavía no llega.  

La abogada e integrante de PODERlatam, Víctoria Beltrán, recuerda que se cumplen siete años de resistencia comunitaria, “las personas afectadas han estado en una continua búsqueda por la justicia, y creo que ha habido resultados pero también hay pendientes”. Señala que una problemática como la del Río Sonora no se resuelve con "simulación".

"Llamamos a las personas que imparten justicia a no colocarse del lado de los abusivos, a no hacer parodias de la justicia”. Beltrán afirma que es importante poner sobre la mesa el cierre del fideicomiso “¿por qué se cierre si había pendientes?, pendientes que pueden afectar directamente a las personas que son cuestiones básicas que se deben de atender, que se trata de compromisos asumidos, en particular el poder dar certidumbre de la calidad del agua".

• Una lucha continua 

Ramón Miranda integrante y fundador de los Comités de Cuenca del Río recuerda todo como si fuera ayer. Las imágenes de la desgracia aparecen de golpe en su mente todos los días, "ese miércoles 6 de agosto nos informan que en el cause del río venía una sustancia pestilente y de color raro", dice "a 7 años de impunidad, no ha pasado nada; se dice que la captura del estado no existe pero quisiera invitarlos al Río Sonora, donde persiste el poder económico sobre el político y nos ha hecho mucho daño".

Y aunque el pasado 4 de julio de 2021 surgió de nuevo la esperanza de que el gobierno federal obligue a Grupo México a "indemnizar, reparar y resarcir" los daños causados no lo dan por un hecho.

Se supone que el fallo de la Suprema Corte a nuestro favor, se supone que las declaraciones del señor presidente en Cananea, se supone de una bola de declaraciones de personas de gobierno que están dando tres meses para ahora sí solucionar el problema, pero nosotros somos muy cautelosos, ahora si que no creer hasta ver", expone. 

Para el integrante del comité todos han obtenido “algo” del Río Sonora, muchos se han visto beneficiados del hecho: políticos, empresas, ajenos a la comunidad, organizaciones, hasta los medios de comunicación, todos menos ellos.

A siete años nadie nos da una certeza de que tengamos confianza de por ejemplo tomar agua que es lo más importante. Vivimos con mucha incertidumbre con miedo, ha afectado mucho la cuestión mental de las personas, las personas tienen miedo de hablar".

Antes, hablar del Río Sonora era hablar de tener acceso a agua limpia, de recreación y de procesos productivos agrícolas y ganaderos. Hoy, no se puede hacerlo sin mencionar el daño ocasionado a los ecosistemas, a la economía, la salud y al tejido social de las comunidades.

• Grupo México, sigue sin dar respuesta

TRIBUNA intentó contactar a Grupo México por distintas vías de comunicación: telefónica, mensajes en redes sociales y correos electrónicos. Solo respondieron que sí tenían algo que decir ellos lo harían llegar, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Cabe señalar que en 2020, tras los análisis de Cofepris en el agua, la minera dijo no tener nada que ver y que estos, no estaban relacionados con la actividad.