Ciudad Obregón, Sonora.- A poco más de 3 meses de que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del Distrito de Riego 018 y el Plan de Justicia Yaqui, en favor de la etnia, miembros de la propia comunidad han denunciado irregularidades en el proyecto, así como en el proceso de su elaboración, al punto que existen diferentes amparos contra el mandato, siendo el último un desplegado por parte de la Iglesia de Pótam y la Tropa Yoreme.
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"(…)En nuestra comunidad indígena estamos sufriendo de la discriminación, el hostigamiento, el abuso de poder y mala fe de parte de los directivos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ya que somos testigos del fomento a la corrupción, y la división, la confrontación, la mentira, el miedo, el odio y el desequilibrio en la vida interna dentro de nuestras comunidades, siendo que nos hemos visto en la forzosa e imperiosa necesidad de implementar diversos juicios de amparo, quejas y denuncias legales recientemente, porque se nos están violentado nuestros derechos humanos, ya que, como es de conocimiento público en general, la Nación Yaqui se mantiene en pie de lucha por la defensa de nuestro territorio y nuestros recursos naturales, especialmente el agua…", se lee en el desplegado publicado en los medios de comunicación.
Representantes de la Fundación Green Teotl, asesores legales de autoridades yaqui, explicaron que a través de la fundación se les hizo notar que las autoridades religiosas de Pótam, y de otros pueblos, están manifestando inconformidad con el decreto de creación del Distrito de Riego 018, denunciando que el INPI, no les realizó una consulta, la cual en el propio decreto si se estipula fue realizada los días 21 y 22 de agosto de 2021, por lo cual desconocían el contenido del edicto.
Asimismo señalaron que los manifestantes les expresaron que a través del INPI, se están recibiendo sobornos a fin de que se diera el visto bueno del decreto, argumentando que es una manera de imponer algo que está repleto de inconsistencias y afecta los intereses de la etnia.
- Facultad de la iglesia
Por su parte, Fernando Jiménez Gutiérrez, miembro de la tribu yaqui del pueblo de Vícam, explicó que las autoridades religiosas forman parte de un contrapeso en los excesos que pudieran realizar los gobernadores tradicionales en turno, por lo cual la razón del desplegado es hacer notar que las autoridades de la Iglesia, junto con la Tropa Yoreme, están en contra del decreto.
No nos ayuda en nada, al contrario, nos quita autonomía en el control del agua, ahorita existe una fuerte efervescencia política, porque ese documento actualmente tiene varias demandas de amparo de revisión, por lo cual hemos visto que el INPI utilizando todos sus medios económicos y políticos está tratando de tumbar esos amparos, el cual a base de mentiras hicieron firmar a los gobernadores, al punto que dos de los gobiernos tradicionales, han intentado retirar su firma, uno argumentando que fue engañado y otro que su firma fue falsificada".
Por lo anterior, Jiménez Gutiérrez, reveló que la Iglesia se incomodó y aunque no es su función, sí están facultados para intervenir cuando se presentan casos de abusos políticos por parte de los gobernadores.
No estamos en contra del Plan de Justicia Yaqui, pero creemos que mediante este mecanismo los Ciervos de la Nación están obrando de manera unilateral, y mal informando al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador".
- Federación niega argumentos
En contraparte, Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, señaló que en los últimos días del mes de diciembre se abordó el tema expuesto en el desplegado con los propios gobernadores.
"Lo que nosotros advertimos fue un punto específico y una inconformidad muy focalizada en el gobierno religioso de Pótam, lo cual no ocurre en los demás pueblos, siendo el punto específico el tema del Acueducto Independencia, sobre el cual nosotros inicialmente habíamos considerado como parte del Plan de Justicia Yaqui, pero este grupo metió un escrito al juzgado, calificando como dos cosas diferentes estos temas, por lo que el juez octavo de Distrito, ordenó que pusiéramos a consideración de los gobernadores si el acueducto sería parte del Plan de Justicia, lo cual se hizo y ante una falta de una definición, quedó al margen este tema".
El funcionario, especificó que ese punto se ha malinterpretado grupos ajenos a la tribu yaqui, señalando que se ha desahogado el tema en conformidad a la solicitud de los propios gobernadores a quienes se les ha solicitado que mantengan informadas a las autoridades militares y religiosas.
Una de las críticas señaladas es que les afecta el decreto de la creación del Distrito de Riego 018, pero ¿cómo podría ser perjudicial si les aumenta de 250 millones de metros cúbicos de agua a 673 millones cúbicos de agua que se les va a dotar?".
Sobre el señalamiento de que este decreto incumple al emitido por Lázaro Cárdenas, Hugo Aguilar explicó que, pese a que en un inicio se estaría incumpliendo con lo estipulado, de que les corresponde el 50 por ciento del total del caudal, y como actualmente en su mayoría esa agua ya se encuentra concesionada, la dotación del líquido se iría dando de manera progresiva.
"El problema de la Nación Yaqui es muy grande y entiendo que no se puede dar una solución al 100 por ciento, no podemos garantizar actualmente el 50 por ciento del agua del Río Yaqui, por lo cual se realiza avanzar con prudencia y gradualmente".
- Piden obras en el Plan de Justicia
Luego de que los integrantes de la tribu yaqui aceptaran levantar el bloqueo que mantenían en la Carretera Federal México 15 a la altura de Vícam, el gobernador Alfonso Durazo reconoció que fue la propia etnia la que aceptó retirarse ya que entendieron que era indebido lo que estaban haciendo.
Sin embargo, el mandatario estatal adelantó que se está propinando a la etnia una serie de proyectos que están incluidos en el Plan de Justicia Yaqui.
Ya quedamos que la caseta de Esperanza se queda dónde está y coincidimos en que teníamos que buscar alguna opción económica para la Etnia y llegamos a la conclusión de proponerles construir dos paradores carreteros, uno de sur a norte y otro de norte a sur", adelantó el mandatario.
Entre las obras que se contemplan está la construcción de un parador carretero a la altura del Danzante Yaqui, mismo que incluirá una gasolinera, restaurante, locales para la venta de productos regionales, baños y un amplio estacionamiento para transportistas y viajeros.
"Todos coincidimos en la necesidad de entregar la administración de esas instalaciones a operadores profesionales, los trabajadores que sean de la etnia y los beneficios que genere esa instalación comercial se destinen a la operación y mantenimiento de infraestructura que quedará del Plan de Justicia Yaqui", dijo.
Durazo Montaño adelantó también que se busca la autorización de una zona económica especial en alguna de las poblaciones de la Etnia con el fin de que se detone la inversión privada en la región. "Si no generamos empleo, el problema social que hay no lo vamos a resolver, entienden que es una propuesta con un ánimo positivo", concluyó.
Fuente: Staff