Guaymas, Sonora.- La corrupción en la Comisión Estatal del Agua (CEA) unidad Guaymas sobrepasó todos los límites, posiblemente por la ambición de funcionarios de la propia dependencia estatal y de los desarrolladores de San Carlos, exhibidos por pagar mínimas cantidades para conectarse a la red de distribución a fin de contar con el servicio de agua potable a raudales en lujosos fraccionamientos, mientras que algunos sectores del Puerto carecen del bebestible.
Es un secreto a voces el negocio millonario que supuestamente implementaron al margen de la Ley, empleados y funcionarios del organismo quienes son acusados de provocar el desabasto de agua para hacer ‘su agosto’ con empresas de pipas operadas por ellos mismos, entre otra serie de tropelías.
La empresa Fiscales del Agua Mex S.A. De C.V., por medio de una auditoría destapó la cloaca, donde salió a relucir que los propios funcionarios de la CEA permitieron que empresas particulares, hoteles, desarrolladores de vivienda y otros no realizaran contratos legales, para obtener derechos de conexión, que van desde los 25 mil pesos a los 2 millones 600 mil pesos, según la extensión de terreno o modalidad de construcción.
Tras la auditoría a la CEA Guaymas, que también tiene a su cargo la administración de las unidades de Empalme, San Carlos y comunidades yaquis, derivó una denuncia de la empresa Fiscales del Agua ante la Contraloría del Estado, "por posibles actos de corrupción, abuso de autoridad y daño patrimonial generado desde el interior del organismo operador".
Óscar Sotelo Badilla, representante legal de empresa fiscalizadora, dijo que desde que se inició la auditoría, se detectaron infinidades de anomalías por parte de desarrolladores de viviendas en las zonas de Guaymas y San Carlos, debido a que no contaban con contrato de agua potable o pagos de conexión, pero gozaban del servicio.
- Funcionarios coludidos
En la denuncia que se puso ante la Contraloría Estatal, se señala directamente a la desarrolladora amaneceres Bahía San Carlos S.A. De C.V. que trabaja en la construcción del complejo Belo Horizonte Residencial, como una de las empresas que estaba desfalcando a la CEA con posible conocimiento de causa de algunos empleados que presuntamente participaron con la conexión del servicio.
De igual forma, se manejó que esta misma empresa auditora, interpuso una denuncia ante la secretaría general de la Contraloría del Estado en contra del subdirector técnico de la CEA, Roberto Silva Osuna y otros empleados, por el daño que están provocando al patrimonio de los ciudadanos, que no puedan gozar de un suministro eficiente, “porque se está desviando el beneficio del servicio de agua potable al sector privado, que no está pagando por éste”.
- Un desorden
Armando Saucedo Monarque, exdirigente de la Barra Sonorense de Abogados y residente de San Carlos, dijo que "desafortunadamente los desarrolladores en San Carlos están destrozando la naturaleza y el gobierno del estado no está metiendo las manos".
El jurídico puso como un ejemplo los fraccionamientos que se están haciendo en los alrededores del cerro Tetakawi, "les están metiendo una línea grandísima de agua que va por todo el bulevar para surtir a las residencias de lujo. Toda esa agua se la están quitando a los sectores de Guaymas, donde escasea".
De acuerdo con constructores e ingenieros de Guaymas, para realizar una conexión de agua potable, el contrato de la CEA se basa en diversos factores como el tipo de vivienda, sea doméstico-no doméstico, así como metros de área vendible y áreas verdes. Además del proyecto de construcción que el fraccionador presente y el costo se basa en las fórmulas que se aplican de acuerdo a la Ley de Ingresos vigentes, del Ayuntamiento de Guaymas y de la Ley de Agua del Estado de Sonora.
El ingeniero Antonio Valle, desarrollador de predios habitacionales, explicó que no sólo son números a criterio del funcionario que autoriza la factibilidad, los factores que influyen en un precio y otro están bien sustentados en la Ley, pues depende de cuánto mide el área que se fraccionará y un contrato varía de 25 mil y hasta más de 2 millones pesos.
José Ordaz, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Guaymas sostuvo que la CEA siempre hace un “negociazo” con las constructoras que hacen fraccionamientos, ya sean populares y residenciales, al no cobrarles lo que en realidad es.
Siempre existe un moche para las tomas de agua y drenaje, y en ocasiones la CEA ni hace los contratos, hasta que se les vienen auditorías dan de alta a los fraccionamientos. Se pueden hacer cobros de hasta 500 mil pesos en residenciales de San Carlos", expresó.
- Se llevan el agua
Francisco Villaflor Bojórquez, presidente de la asociación civil Unión y Fuerza Guaymense, sostuvo que los residentes de San Carlos en su mayoría no pagan la verdadera tarifa de agua que debe cobrarle la CEA.
Sabemos que comunidades de Santa Clara, San José, La Cuadrita y en ocasiones Lomas de Colosio se quedan sin agua por varios días, mientras que en los residenciales lujosos de San Carlos existen aguas las 24 horas", resaltó.
El desinterés que muestra el organismo operador del agua en al Puerto por dar solución a esta problemática inicia desde la cabeza. El administrador Ricardo Montoya González no ha querido hablar al respecto. De forma personal, por medio de su asistente, vía WhatsApp y a través del Departamento de Comunicación, ha evitado una entrevista con TRIBUNA.
Pese a los drenajes derramando por gran parte de la localidad, fugas de agua, un desabasto generalizado en las colonias que han derivado en bloqueo de calles, además el robo de agua por los presuntos casos de corrupción al interior de la CEA, sigue sin dar la cara.
- Fiscales del Agua Mex, un demandante con turbio y dudoso historial
La empresa Fiscales del Agua Mex o también conocida como Fisamex, propiedad de Manuel García Soto no está libre de todo pecado. Ha sido señalada de implementar "un esquema delictivo de cobro y extorsión", cuando María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones (Miss Universo en 1991), fue candidata a la gubernatura de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una denuncia penal en contra del gobierno de Baja California y de Fisamex.
??La investigación llegó a oídos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que entonces lideraba Santiago Nieto, quien dejó el caso, de acuerdo con versiones periodísticas, por “petición” directa de la presidencia de la República. Y aunque el expediente quedó de lado, la propia Marina del Pilar Ávila Olmeda, actual gobernadora bajacaliforniana reconoció que no hay “rastro” de los más de 1800 millones de pesos cobrados por Fisamex.
Una de las denuncias que fue presentada ante la UIF, el 3 de mayo de 2021 en la Ciudad de México, fue por operaciones de procedencia ilícita (lavado de dinero), ya que la actual administración morenista pagó 278 millones de pesos a Fisamex (Romafam S.A. de C.V.), equivalentes al 20 por ciento del recurso que cobró ilícitamente.
Cabe señalar que Fiscales del Agua Mex también usa otros nombres como EroAgua, ??empresa de la cual no existen registros ni en el SAT, Compranet, o padrones de proveedores. EroAgua opera en Cajeme y Navojoa donde no ha presentado ninguna denuncia contra los organismos del agua.