Sonora, México.- El 19 de junio de 2020, al menos sesenta mil habitantes de Caborca quedaron a merced del crimen organizado; dos grupos se enfrentaban con todo su poder de fuego sin que alguna autoridad reaccionara.
Toda la noche y parte de la madrugada el horror se sintió hasta el tuétano de una ciudad secuestrada por los criminales; a la mañana siguiente, los ciudadanos que salieron a las calles dieron cuenta del terror: casas, gasolineras, automóviles y negocios seguían en llamas, mientras que en las afueras las autoridades localizaban al menos una decena de cuerpos desmembrados.
Pero por más absurdo que parezca, esto no fue lo peor para los ciudadanos de Caborca sino que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) supo cinco días antes, vía un comunicado de inteligencia, que uno de los grupos criminales realizaría el ataque.
El 14 de junio, el líder del Cártel de Sinaloa en Altar ordenó la quema de gasolinerías, negocios, predios y taxis tanto en Caborca como en Pitiquito. ¿Qué hicieron los militares con la información? Nada, pues al final lo que era una amenaza pasó a ser realidad sin mayor problema ni intento de frenarla. Esta inacción fue documentada gracias al hackeo de Guacamaya Leaks, que ha permitido encontrar otros archivos que detallan cómo el Ejército también supo con antelación que se llevarían a cabo hechos violentos en Ures, Santa Ana y Magdalena sin que hayan metido las manos para prevenirlos.
De acuerdo con expertos en materia de seguridad, que una autoridad no actúe no es más que un síntoma de que sí se les da seguimiento de inteligencia a los actores del crimen organizado, pero que esto no implica que se tengan planes de acción específicos.
Esta información de inteligencia, la intervención, la transcripción, la geolocalización, todo el producto de inteligencia no sirvió, no generó una reacción, no previno un hecho. Y creo que esto es mucho más común de lo que imaginamos”, explicó Alejandro Hope a El Universal.
Por su parte, el académico Rodrigo González argumentó que esta postura viene a abonar a la idea de que el Ejército no puede realizar labores de prevención y seguridad pública, pues queda claro que “su perfil no le da las herramientas ni el perfil”.
Hueso duro
Los documentos filtrados por Guacamaya también dan cuenta de lo que enfrentan las fuerzas federales en Sonora, que no es poca cosa y, de acuerdo con González, permite comprender cómo el crimen llega a superar la presencia castrense y éste decide no aparecer en momentos puntuales.
Análisis de la Sedena detallan que hasta cuatro grupos disputan el control del estado, todos ellos con gran fuerza de fuego y repartidos a lo largo y ancho de una entidad que ya tiene más rutas de trasiego de drogas que carreteras en óptimas condiciones.
Uno de ellos domina la parte más al sur, literalmente la frontera con Sinaloa, así como partes importantes del centro y norte; otro es fuerte en la costa y hacia la montaña, mientras el tercero está más al norte, mientras el cuarto circula por todo el territorio disputando espacios.
Esto ha llevado a la milicia a detectar hasta una docena de rutas de trasiego, ya sea por tierra, aire y agua, involucrando a diversas ciudades, poblaciones e incluso a territorio de Baja California.
Gran violencia
La documentación filtrada también da cuenta de que, pese a sus intentos de esquivar los enfrentamientos contra los grupos criminales, las fuerzas militares tienen en Sonora uno de los sitios de mayor choque.
El territorio sonorense es el tercero en el país donde los soldados más se enfrentan a los criminales, suma 68 casos en lo que va del sexenio del presidente López Obrador.
Fuente: Tribuna