Hermosillo, Sonora.- El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez compareció ante los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Local, luego de no acatar la recomendación de la CEDH que advertía sobre las violaciones a los derechos humanos de los extrabajadores por la retención del pago de algunas prestaciones.
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RECORTE DE GASTOS
En su declaración, Antonio Astiazarán manifestó que desde que asumió el puesto como presidente municipal se recortaron algunos gastos observando los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Realizamos un análisis pormenorizado de las áreas, puestos y funciones, se diseñó una nueva estructura que fusionó hasta cinco dependencias en el gobierno municipal con lo cual se congelaron 200 plazas vacantes, se eliminaron 198 puestos con tareas duplicadas y se suprimieron 250 plazas irregulares", señaló Astiazarán Gutiérrez.
El alcalde detalló que estas acciones se sumaron a otras medidas a fin de lograr ahorros, y en ese contexto se realizó un análisis del convenio entre el Ayuntamiento y el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, para una mejor aplicación de los recursos.
Con relación a la opinión del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) del convenio sindical, el edil aclaró que las prestaciones corresponden únicamente para los trabajadores en activo.
El ISAF a través de su auditor mayor, emitió una opinión en el sentido de que el convenio únicamente podía circunscribirse para aquellos trabajadores en servicio activo del Ayuntamiento, mas no a favor de extrabajadores como los son los jubilados o pensionados", dijo.
Astiazarán Gutiérrez detalló que aunque la opinión del ISAF no constituye una observación, la autoridad municipal no podía desestimar la opinión del máximo órgano fiscalizador de la entidad.
Bajo esa lógica, dijo, se aprobó el convenio sindical y el Presupuesto de Egresos 2022, por lo que hacer la entrega de las prestaciones a jubilados y pensionados, coloca al Ayuntamiento en estado de imposibilidad jurídica y material, ya que todo gasto del municipio debe de estar contemplado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022.
Un precedente
Por su parte, el presidente de la CEDH, Luis Fernando Rentería Barragán, externó su preocupación por la falta de respuesta a dicha recomendación y afirmó que la comparecencia representa un precedente para inhibir la vulneración de derechos por parte de los servidores públicos.
El ombudsman sonorense expresó que se debe tomar en serio la prohibición constitucional de retroactividad de las normas en perjuicio de las personas.
"Nuestra Constitución prohíbe explícitamente aplicar retroactivamente normas desfavorables que modifiquen o afecten derechos adquiridos, no se pueden aplicar normas en estas condiciones", señaló.
Esta es la primera ocasión en la que el Congreso del Estado solicita, a petición de la CEDH, la comparecencia de un presidente municipal.