Cajeme, Sonora.- El Congreso de Sonora celebró la aprobación del Decreto que adiciona el Código Penal, en concordancia con la Ley Ingrid, como un avance para los derechos de las víctimas. Todos los diputados aprobaron sancionar con hasta 10 años de cárcel a quien filtre, distribuya o comparta imágenes de personas fallecidas.
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Sin embargo, paradójicamente, la ley como tal cercena la información de interés público, especialmente para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no solo en Sonora, sino en todo México. La discusión se da en un estado sumido en violencia donde las madres dependen de publicar las fotografías con la esperanza de reconocer una prenda u objeto que les pueda ayudar a encontrar a sus hijos.
- “Solo beneficia al Gobierno”
Cecilia Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, rechazó totalmente la medida que fue aprobada sin consensuar con los colectivos.
Nos estamos amparando y vamos a pelear eso, si encontramos un cuerpo claro que vamos a tomarle foto hasta el último hueso para que la familia lo pueda encontrar”.
Flores Armenta, quien busca a sus dos hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, señaló que ellas (como grupo de búsqueda) dependen de subir la foto de los cuerpos y restos encontrados para que los familiares los puedan recuperar.
Porque muchos no son del estado de Sonora, puedes pasar por Sonora y desaparecer”.
“Y lamentablemente las familias muchas veces no tienen los recursos para hacerse pruebas genéticas y solamente por las fotos que nosotras subimos a la página los han recuperado. ¿Cómo vamos a permitir que esas personas se vayan a la fosa común teniendo una familia?”. La también activista asegura que parece que la medida únicamente beneficia a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) “porque los exhibimos, el nulo apoyo que hacen por apoyar”.
Ana Castro Cota, vocera de las Guerreras Buscadoras en Obregón, consideró que la medida es un retroceso, pues de esa forma el gobierno puede ocultar que cada vez hay más desaparecidos en Sonora. “Es un golpe a las familias, no lo hacemos por morbo al subir fotografías solo queremos que los identifiquen”.
“La ley que deben aprobar, que no tenemos, es la Ley de Declaración Especial de Ausencia”. Castro Cota aseguró que aun así ellas no pararán de realizar su trabajo. “Haga lo que haga el gobierno no pararemos. Hacemos el trabajo que ellos deberían de buscar y localizar”.
“Sí nos afecta bastante porque al no poder difundir las imágenes, hay muchas familias que no van a poder identificar a las personas que encontramos. Nosotros publicamos imágenes de prendas, señas particulares, o algo visible que pueda identificar a tu familiar”, dijo Cinthya Maritza Gutiérrez Medina.
La activista y líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora dijo que la difusión de las víctimas resulta de gran importancia para el trabajo que realizan, ya que es así como los familiares de las víctimas logran identificarlos.
“Vamos a analizarlo como colectivo y ver de qué forma podemos revocar esta nueva ley que se acaba de aprobar y nos impacta a nosotros como familiares”, dijo y lamentó que los legisladores no tomaron en cuenta a los diversos colectivos de búsqueda para discutir la propuesta y obtener su punto de vista.
Por su parte, el colectivo Buscadoras por la Paz dirigió un escrito al Congreso en el que se posiciona sobre la ley aprobada. “Los colectivos de búsqueda nos vemos en la necesidad de compartir imágenes de nuestros hallazgos con la finalidad de que los restos humanos encontrados sean reconocidos a través de dentaduras, pertenencias, tatuajes, señas particulares, joyería e incluso a veces cabellos”.
Explicaron que esas imágenes son necesarias para evitar que los cuerpos se vayan a fosas comunes, “nuestro método de trabajo ha funcionado para decenas de familias en Sonora y tal vez decenas más en Latinoamérica, pues no saben ustedes la cantidad de mensajes e imágenes de migrantes desaparecidos en su paso por Sonora tenemos en nuestras redes sociales y móviles personales”.
“Debieron tomar en cuenta a los colectivos de búsqueda de restos humanos, debieron habernos dado un apartado en su Ley, pero prefirieron darnos la espalda. Les preguntamos: ¿Encarcelarán a los ciudadanos que buscan a sus tesoros cuando los culpables siguen libres?”, cierra el escrito.
- Niega Mordaza
El diputado Ernesto Roger Munro manifestó que la legislación busca el respeto a la dignidad de las víctimas, descartando que el objetivo sea afectar la función de los colectivos. “Entiendo que no, básicamente lo que pude percibir en la exposición de motivos, va más enfocada a no permitirles sin consecuencia, a aquellas personas que buscan el morbo con la exposición de dichas imágenes”, subrayó.
El legislador panista agregó que debe quedar establecido que la difusión de estas imágenes, siempre y cuando se dé en el orden de la procuración de justicia, no debe afectar a quienes las producen o difunden.
Sí nos afecta bastante porque al no poder difundir las imágenes, hay muchas familias que no van a poder identificar a las personas. Nosotros publicamos imágenes de prendas, señas particulares, o algo visible que pueda identificar a tu familiar”, Cinthya Maritza Gutiérrez Medina, Líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora.
Con la aprobación de la Ley Ingrid se cambió el Artículo 225 del Código Penal Federal, y se aplicarán sentencias de hasta 10 años para quien resulte culpable por exponer, publicar o distribuir material en cualquier formato sobre las condiciones de una víctima y las circunstancias del delito.
Fuente: Staff