Cajeme, Sonora.- Cero culpables, cero sanciones y cero avances en la investigación hay por el caso de la casa hogar ‘Amor, Agua y Más’ de Guaymas, donde un video viral sacó a la luz los maltratos a los que son sometidos niñas y niños. El tema ha sido dejado de lado por autoridades y sociedad, y es precisamente ese olvido sistemático del que son víctimas las infancias lo que ha agravado las condiciones en los albergues de Sonora y México.
‘Mamá Rosa’, ‘La Ciudad de los Niños’ y ahora ‘Amor, Agua y Más’ son el ejemplo de que algo está fallando y que las infancias que viven en orfanatos están expuestas a constantes abusos, torturas, promiscuidad y hasta trata infantil. Lo más grave es que parece que poco se evita que más niños y niñas lleguen a estos espacios.
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De acuerdo a el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi 2019) actualmente hay más de 30 mil niños, niñas y adolescentes dentro de una casa hogar; hay que sumar los menores migrantes que muchas veces son remitidos a estos espacios, especialmente en Sonora, y aquellas infancias que perdieron a sus padres en la pandemia.
Es difícil pensar que en estos centros no haya sobrepoblación, y entre más niños son menos cuidados. A lo anterior hay que sumarle que muchas veces el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) no tiene espacios y entonces las infancias son enviadas a casas hogares “privadas”, que aunque en teoría tienen que estar reguladas, casos como el de ‘Amor, Agua y Más’ exhibe que no lo están.
Violencia institucionalizada
Para los expertos el problema de los albergues va mucho más allá y parte de que en primera instancia no se respeta el derecho de los menores de tener una familia. “Tenemos que entender que el derecho a vivir en familia les es (a los niños) más sano, incluso más positivo en términos económicos para el estado”, sentencia Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En entrevista con TRIBUNA, explica que la sociedad tiene que ir desactivando ese pensamiento de que la niñez en los albergues está mejor “porque a veces es todo lo contrario”. La experta considera que la institucionalización de niñas y niños tiene que ser el último recurso, porque la falta de visión de que los menores tienen derechos lleva a la problemática de tenerles invisibilizados.
Hay una inercia institucional en el sentido de que ‘hay una niña gritando al lado de mi casa llámale al DIF y que se la lleve’, es no comprender que tiene que ser una última instancia, que tiene que entenderse como una medida extrema porque eso también tiene saturada la capacidad de los albergues”.
Ramírez Hernández menciona que es urgente tener esa conversación tanto a nivel estado como a nivel país. Y sobre todo que se tiene que privilegiar que el menor esté con un familiar. “Casos como Mamá Rosa o la Ciudad de los Niños, es decir México viene arrastrando la triste historia de graves casos múltiples de violencia, de violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes por está inercia de institucionalizarles”.
Sonora, problema complejo
En el estado, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que terminan en estos centros son víctimas de la omisión de cuidados de sus padres o tutores, de acuerdo con Jorge Axayacatl Yeomans Rosas, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. Aunque primordialmente se busca que se queden con una familia extendida, ya sea una tía o una abuela, y existan programas de educación parental, la realidad es que muchas veces nadie quiere hacerse cargo de ellos.
“En Sonora hay 38 centros de asistencia social para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales; es decir que son niñas y niños que no tienen las condiciones necesarias para tener todos los benefactores en un núcleo familiar. (...) Y nuestro trabajo como procuraduría es precisamente buscar y restituir este derecho para que puedan vivir con las familias y trabajar también con ellas para fomentar las condiciones idóneas en sus núcleos familiares”, enfatiza Yeomans Rosas a TRIBUNA.
De ese total (los 38 centros), 26 son centros de asistencia social privados, tal como ‘Amor, Agua y Más’, y del mismo total (los 38), 4 de ellos pertenecen directamente al sistema DIF Estatal que son: Unacari, Jineseki, Tin Otoch y Camino a Casa Nogales; el resto de la totalidad corresponde a centros de asistencia social dependientes directamente de los DIF municipales.
Pero la situación en Sonora se vuelve más compleja al ser frontera con Estados Unidos, tomando en cuenta que hay un gran tránsito de menores que viajan solos y que muchos de ellos son repatriados, los albergues del estado también reciben a niños, niñas y adolescentes connacionales o migrantes. Si bien es cierto que es solamente durante un corto periodo de tiempo, el hecho es que esos menores terminan en centros como Tin Otoch y Camino a Casa Nogales.
En el olvido
Además de ello, y como ya se vio en el caso de Guaymas, evidentemente existe una falta de regulación, especialmente de los centros que son privados. Yeomans Rosas enfatiza que se hace una supervisión constante en estos centros y estos mismos deben cumplir con los requisitos de instancias de gobierno como Protección Civil, Salubridad, etc. Después de ello, la procuraduría verifica, además del papeleo, sobre todo los servicios y atenciones a los niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el que a más de 15 días no haya todavía responsables sancionados o resultados en la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) por el caso de ‘Amor, Agua y Más’ deja en evidencia que no hay tal.
Lo anterior sumado al gran número de menores víctimas de omisión por parte de su propios padres y sumándole la violencia institucionalizada, sin que nadie levante la voz, habla del gigantesco problema de los albergues en México, donde los menores son los más afectados por ese sistema que los tiene olvidados.
Fuente: Tribuna