Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que en un inicio se descartó que existieran presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de libros de texto del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), el gobernador, Alfonso Durazo, dio a conocer que actualmente sí se encuentra en curso una investigación por posibles anomalías, durante la cual han sido cesados temporalmente 5 servidores públicos.
El mandatario estatal aseguró que se llegará a las últimas consecuencias en caso de que los resultados de la investigación arrojen que hay responsables de la comisión de alguna anomalía, mientras que en caso de que los resultados sean negativos los funcionarios suspendidos serán reincorporados.
- Investigan el caso
"En el caso de los libros, inicialmente se dijo que no había irregularidades y resulta que sí las hay. No me toca a mí calificar pero por la información que tenemos, después de profundizar en la investigación, es presumible la comisión el algunas anomalías. En virtud de ello ordené la suspensión de todos aquellos que participaron en el proceso, en tanto se realiza la investigación a cargo de la Contraloría”, mencionó, asegurando que el objetivo de la suspensión es que estas personas “no metan mano” en el proceso.
Al tomar la palabra, Guillermo Alejandro Noriega Esparza, quien se desempeña como secretario de la Contraloría General, detalló: “En una primera instancia se dio revisión a la supuesta compra de libros a precios de 2 mil pesos, la revisión de la factura de esta adquisición arrojaba que no había tal cosa, pero en la revisión posterior que se llevó a cabo encontramos una serie de hallazgos que nos hacen presumir que hay otras irregularidades de una forma un poco más profunda”.
El funcionario afirmó que el gobierno estatal ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por la presunta falsificación de firma en un contrato; otra más ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) por el posible uso de una empresa falsa; y una última ante la Contraloría para determinar la responsabilidad de los servidores públicos que se encuentran involucrados.
Fuente: Tribuna