Ciudad de México.- La propuesta que tuvo como origen al gobernador Alfonso Durazo finalmente fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el próximo titular del Ejecutivo estatal sólo estará en el poder durante tres años. El proyecto original estaba fundamentado en que se lograría que los comicios en Sonora fueran concurrentes con los federales, reduciendo así el costo de los mismos, a la par de mejorar su organización.

De esta manera, el siguiente gobernador ejercerá del 2027 al 2030, año en que se elegirá también un nuevo presidente y se renovará por completo al Poder Legislativo. Por unanimidad, los ministros avalaron la reforma a la constitución de Sonora, la cual fue promulgada el dos de marzo de este mismo año por el Congreso local, para después ser impugnada en acciones de inconstitucionalidad por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.

El proyecto presentado y votado fue realizado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se detalle que “los congresos estatales tienen libre configuración para establecer sus calendarios electorales, así como los periodos del ejercicio de sus gobernadores”.

En síntesis, el proyecto sostiene que las reformas a la constitución local son válidas porque la modificación al calendario electoral que se analiza está dentro del ámbito de competencia de las entidades federativas, y en el caso no se acredita una violación a ninguno de los límites dispuestos en el artículo 116 constitucional”, explicó el ministro González.

Para los que impugnaron, el argumento principal radica en que un periodo de tres años resultaría insuficiente para cualquier objetivo trascendental, a lo que la Corte detalló que la Constitución federal sólo considera que ningún gobernador puede ostentar el poder por más de seis años, sin marcar un mínimo para ello.

Una interpretación sistemática y armónica de los artículos 134 y 116 constitucionales obligan a concluir que la Constitución permite a las entidades federativas celebrar elecciones de gubernaturas con una periodicidad menor a 6 años, y segundo porque los argumentos sobre la idoneidad del periodo de 3 años escapan a nuestro ámbito decisorio, que conforme a los precedentes aprobados por ese pleno debe de limitarse a verificar únicamente la regularidad constitucional de las decisiones que están dentro del ámbito de la libertad configurativa de las entidades de la federación”, señaló el ministro ponente.

Antecedentes

El tema no era sencillo, pues la experiencia anterior en Baja California no resultó lo tersa que se esperaba. En 2019, Jaime Bonilla (Morena) fue electo como gobernador por un periodo de dos años, pues la pretensión del Congreso bajacaliforniano era precisamente empatar sus comicios con los federales; evidentemente Bonilla conocía las reglas… pero no las aceptó.

Luego de ganar, comenzó una serie de quejas, críticas y lamentos, a lo que su partido, con mayoría en el Legislativo estatal, modificó el mandato pasándolo a cinco años, algo que fue rechazado con vehemencia por el Instituto Nacional Electoral y la Oposición.

Famoso fue el momento en que Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, fue grabada con Bonilla mientras le aseguraba que la regla dictada por el Congreso “perviviría”, aunque eso significara ir en contra de la justicia electoral. “Ahorita te voy a hacer una declaración importante. Es legal porque la norma está vigente. Para mí la norma va a pervivir”, declaró Sánchez Cordero. Fue precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que rechazó la jugarreta de Bonilla, que finalmente debió gobernar sólo dos años.

Fuente: Tribuna