Río Sonora, Sonora.- Los habitantes de los pueblos de la Cuenca del Río Sonora, esperan que en el menor tiempo posible, las autoridades estatales y federales cumplan con los ordenamientos judiciales encaminados a resarcir los daños generados por el derrame de sustancias químicas ocurrido en 2014.
Lo anterior, fue dado a conocer por la abogada de Poder, Cynthia Arco Amarillas, quien manifestó que las autoridades tienen un periodo de 24 horas para atender las demandas de los ocho municipios afectados por la contaminación que se registra debido a este derrame; lo anterior lo determinó el Juez 13 de Distrito en Sonora. Destacó que particularmente deben de atenderse los temas relacionados con la salud, mitigación de riesgos, el abasto de agua libre de metales pesados, implementación de medidas que involucren a los afectados en el diseño de las estrategias.
Arco Amarillas, consideró que 24 horas es un tiempo corto para resolver las problemáticas, pero destacó que, cuando menos esperan que las personas que han visto afectado su estado de salud, reciban atención médica. Agregó que en caso de que no se cumpla con los ordenamientos emitidos por un juez, se solicitaría que se diera vista a un juez federal y en el escenario de persistir el incumplimiento de las medidas antes mencionadas, los titulares de diferentes dependencias estatales y federales podrían ser llamados ante la justicia por desacato.
¿Qué pasó en la Cuenca del Río Sonora?
El 6 de agosto del año 2014, se registró lo que sería considerado com el mayor desastre ambiental en México, cuando la mina Buenavista del Cobre, la cual pertenece a Grupo México, derramó cerca de 40 millones de litros de desechos tóxicos (más específicamente se trataba de una solución de sulfato de cobre (CuSO4) causando un impacto negativo en los cultivos, el ganado y la salud de miles de personas. Inicialmente, los desperdicios llegaron a río Bacanuchi y luego arribaron a Río Sonora, mismo que se encargaba de alimentar la presa ‘El Molinito’, según proporcionada por el información del Gobierno del país.
Dicha desgracia le dio un golpe económico y a la salud de los habitantes de la región, puesto el Comité para Operación de Emergencias de la Unidad Estatal de Protección Civil tuvo que cerrar alrededor de 322 pozos y norias, ubicados a una distancia de medio kilómetro del río, para evitar que las personas y los animales tuvieran contacto con el agua contaminada. Pese a las medidas implementadas, algunos medios registraron el éxodo masivo de los pueblos afectados.
Fuentes: Tribuna