Sonora, México.- Aunque el acueducto yaqui, que abastecerá de agua a los 8 pueblos de la tribu, y el gasoducto Guaymas-El Oro, son emblemáticos proyectos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Loma de Bácum podría ser el ‘talón de Aquiles’, pues sus integrantes advierten que si las autoridades afectan su territorio, estos tomarán acciones opositoras.

Según información del gobierno, el acueducto yaqui tendrá una inversión total de 2 mil 263 millones de pesos y beneficiará a 34 mil habitantes; cuenta con infraestructura que estará compuesta por una obra de toma ubicada en la presa Álvaro Obregón, con una línea de conducción principal de 166 kilómetros y una red de ramales de 75 kilómetros, así como un tanque de regulación y una planta potabilizadora que permitirán entregar 200 litros por segundo.

Condicionan acueducto

Aunque el proyecto ya se encuentra en proeso y los diferentes pueblos de la etnia lo ven con buenos ojos, los integrantes de este pueblo advierten que se deben de hacer las cosas conforme a la ley, pues de lo contrario, habría implicaciones.

Lo único que esperamos es que el gobierno haga las cosas bien. Si no va a ser así, que se lo lleven. Se debe de cumplir con el artículo tercero de la Ley de Aguas Nacionales, el cual indica que los ríos deben tener un mínimo de caudal ecológico que sostenga la flora y fauna del ecosistema. Esperemos que cumplan, porque con eso arreglaríamos lo de agua potable y de uso común”, comentó en exclusiva con TRIBUNA, Guadalupe Flores Maldonado, quien forma parte de la Tropa Yoreme de este pueblo.

Enfatizó que a la primera señal de que el territorio se ve afectado por esta obra o de que no se cumpla con lo que la ley establece, alzarán la voz y entrarán en acción.

Incertidumbre en construcción de gasoducto

El gasoducto Guaymas-El Oro es otro de los proyectos impulsados por AMLO. Se trata de una obra que intentó realizarse en administraciones anteriores, pero fue suspendida por la fuerte confrontación entre miembros de este pueblo y los responsables de la ejecución de dicha obra. En octubre del 2016, ocurrió una fuerte confrontación que derivó en la quema de 12 carros de la empresa IENova (que estaba a cargo de la obra) y en la detención de Fidencio Aldama, vocero del pueblo que se oponía a la obra. Los miembros de la etnia incluso desmantelaron con sus propias manos los tubos que cruzaban su territorio, sosteniendo que nunca se llevó a cabo una consulta a los habitantes.

Fue en el año 2017 cuando se detuvo el proyecto, y posteriormente en el año 2022, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa estadounidense ‘Sempra Infraestructura’ (antes IENova) acordaron reanudar la construcción, pero desviando el trazo original, de manera que no se tocara al territorio yaqui. Actualmente, los distintos pueblos han manifestado no tener información del trazo de la obra, por lo que acusan que hay incertidumbre. Sin embargo, Loma de Bácum advierte que, en caso de que vuelva a atravesar su territorio, no dudarán en desmantelar la obra de nuevo.

El presidente López Obrador dijo hace poco que la compañía gringa, para variar, es la que podría estar involucrada en esta obra. El gasoducto que trataron de hacer aquí anteriormente nosotros lo sacamos y si no hacen las cosas como deben simplemente va a pasar lo mismo. Yo quisiera que nos dieran un ejemplo de una ciudad que se haya desarrollado por el gas, no van a encontrar ningún ejemplo, a nosotros no nos beneficia. Un ejemplo claro de que las autoridades no cumplen con nuestras exigencias es el del canal que están haciendo con pavimento, cuando lo pedimos empedrado para que penetrara filtración al subsuelo”.

Dependencias se 'tiran la bolita' 

TRIBUNA cuestionó al delegado del Bienestar en Sonora, Jorge Taddei Bringas, sobre la postura del pueblo yaqui en torno a ambas obras, asegurando el funcionario que son temas que competen al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). “Creo que primero deben (los miembros de la etnia) de tener información sobre si el gasoducto pasaría o no por su territorio, pero una vez definidas las dependencias, es el INPI el instituto al que compete esa información, al igual que de las obras dentro del Plan de Justicia Yaqui”, dijo.

Este medio también trató de obtener información sobre el trazo del gasoducto, poniéndose en contacto con Hugo Aguilar, coordinador general de Derechos Indígenas en INPI, quien afirmó que es información que compete a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Lo está atendiendo CFE” se limitó a decir. Sin embargo, el equipo de comunicación de la Comisión Federal no respondió a la solicitud de información tampoco.

Exigen un verdadero plan de justicia yaqui

Cabe señalar que, tanto Guadalupe Flores Maldonado, como Iginio Ochoa Vega, otro miembro de la Tropa Yoreme, recordaron que el Plan de Justicia Yaqui impulsado por López Obrador está lejos de cumplir con las exigencias reales de la etnia yaqui. Afirman que no se llevó a cabo una consulta que “verdaderamente” tomara en cuenta a todos los pueblos de la tribu, pues se hizo “al vapor y no tiene validez jurídica”.

Ochoa Vega señaló que si el gobierno de López Obrador quiere garantizar verdadera justicia debe resolver el tema de los 10 yaquis desaparecidos desde el año 2021, además de dejar en libertad al preso político, Fidencio Aldama, quien lleva más de 5 años en prisión.

Es un caso tan lamentable, que demuestra las injusticias en las que ha incurrido el gobierno. Las exigencias que hacemos al gobierno actual son las que siempre hemos señalado a los demás gobiernos. Una de ellas es la liberación de Fidencio Aldama Pérez, lo aprehendieron de una forma injustificable durante el gobierno de Claudia Pavlovich y sigue preso”, recordó.

Aseguró que, en una de las últimas reuniones con las autoridades, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que “era muy fácil” conseguir la libertad de Fidencio Aldama, por lo que esperan que en la próxima reunión que tenga la tribu con las autoridades federales “cumplan con lo que prometen, y nos traigan a Fidencio hasta nuestras bancas, porque consta a todos su inocencia”, expresó.

Acusó que muchos de los miembros de otros pueblos yaquis que están a favor del Plan de Justicia Yaqui, “hecho a modo”, fueron ‘sobornados’ o están siendo desinformados por las autoridades, por lo que les mandó un mensaje. “No se dan cuenta del despojo que les están haciendo, ven cómo está la cosa y no levantan la voz, no hay defensa ni para sus hijos, no me explico cómo sobrellevan esta situación tan injusta. Ojalá que se den cuenta y exijan sus derechos”.

Fuente: Tribuna