Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el primer trimestre del año, el Ayuntamiento de Cajeme gastó más de sesenta millones de pesos en contratos para obra pública o rehabilitación de infraestructura, tanto de pavimentación como de redes hidráulicas.
Hasta ahí todo parece correcto, pero es al revisar los detalles es cuando se desvela lo inadecuado del proceso de asignación de contratos, así como las irregularidades que brotan de la lista de beneficiados.
Javier Lamarque convirtió a la presidencia municipal en un ente que rehúye de las licitaciones públicas, es decir, en llevar a concurso las obras y proyectos, decantándose por la adjudicación directa, es decir, el dedazo.
Lo mismo ocurre con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasc), que no tiene empacho en dar jugosos contratos de forma directa, sin filtro de por medio que no sea la voluntad de sus directivos.
Dejando de lado los contratos de difusión, publicidad, servicios y de compra de insumos (uniformes, químicos, alimentos, etc), el ayuntamiento gastó 66.37 millones de pesos en los primeros noventa días del año, esto a través de 23 contratos.
- Sin licitación
De los veintitrés contratos citados, únicamente tres fueron a través de un concurso, en todos los casos la obra a realizar era de pavimentación: JMO Infraestructura, Grupo de Ingeniería Industrial y Gustavo Espinoza fueron los ganadores de una asignación con valor de 11.07, 11.87 y 8.3 millones de pesos respectivamente.
Esto hace notar que de los 66.37 millones de pesos erogados por la autoridad municipal en obra pública o mantenimiento, 31.24 fueron asignados por concurso, mientras que 35.27 por asignación directa.
Es decir, el 53% del recurso se entregó por dedazo.
- Irregularidades
La veintena de contratos por asignación directa son, en su mayoría, montos relativamente bajos, excusa común que dan las autoridades para no licitar, pero hay casos que llaman la atención.
Por ejemplo, el contratista Antonio Sosa Bobadilla recibió contratos por un monto total de 8 millones 700 mil pesos, lo que indica que él sólo se llevó el 25% del presupuesto para las obras de asignación directa.
A Sosa Bobadilla se le otorgó el contrato más jugoso (6.96 millones de pesos): la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua que el ayuntamiento y el Oomapasc “recuperaron” de manos de Solaqua, empresa con la que mantienen un litigo millonario.
Por otro lado, a Sergio Antonio Buelna le dieron dos contratos por 4.64 millones, ambos para rehabilitación, una de pavimento y la otra de infraestructura hidráulica.
Otros acuerdos que destacan son los asignados a Adriana Soto Cota y Nora Cenabray, de 2.55 y 2.32 millones de pesos respectivamente.
Pero la lista de beneficiados del dedazo del alcalde y de Luis Miguel Castro, director del organismo operador, es larga.
- Fantasmas
El pasado 10 de abril, Tribuna publicó una extensa nota en la que detallaba la asignación de contratos por asignación directa durante todo 2022 por parte tanto del ayuntamiento como del Oomapasc a empresas con claras irregularidades, entre ellas tener sus sedes en salones de fiesta, casas de rente, locales abandonados o terrenos baldíos.
Días después, las autoridades se defendieron alegando que designar contratos estaba dentro de sus funciones, lo cual es cierto, pero también que nunca ofrecieron explicaciones de por qué seleccionaron a personas físicas que no sólo tienen direcciones fiscales con los rasgos ya citados, sino que no son expertas en el ramo ni de la construcción ni reparación de redes hidráulicas ni pavimento.
Tal es el apego por este acto, que repitieron en 2023.
Siete contratistas con irregularidades en 2022 volvieron a ser contratados, en una muestra más del desinterés de la autoridad municipal por la transparencia o la asepsia en las contrataciones.
Se trata de Gladys Zamora, en cuya dirección en el fraccionamiento Montecarlo se trata de una casa usada como bodega; Sergio Antonio Buelna, quien como se comentó arriba es el segundo contratista más beneficiado, pero que ofrece datos de una casa habitación que vendió desde hace meses, como Tribuna pudo confirmarlo con los actuales inquilinos.
Destaca también el caso de Nora Cenabray y de Jorge Daniel Sánchez, que comparten dirección fiscal en la colonia Hidalgo (ocupado por un negocio de baterías para autos) y tienen contratos por 2.32 y 1.74 millones de pesos respectivamente.
Fuente: Tribuna