Hermosillo, Sonora.-El Golfo de Santa Clara suele ser un lugar solitario durante gran parte del año; la zona no es precisamente una de las más seguras del estado de Sonora y, por ende, propios y extraños la evitan. Tan sólo hace tres días, los cuerpos desmembrados de tres hombres fueron localizados cerca del paraje “El Columpio”, un ejemplo de que la zona está en manos del crimen organizado.

Dos días antes, las autoridades detuvieron a un grupo de maleantes y decomisaron un cuantioso arsenal que incluía rifles de alto poder y hasta granadas de fragmentación. La violencia que aleja a la población se agita entre marzo y julio, meses en que los cardúmenes de totoaba llegan a las playas a desovar, lo que es aprovechado por decenas de lanchas de pesca ilegales para capturar a la especie, sobre todo a las hembras, que suelen tener el doble de buche que los machos.

El buche o vejiga es un órgano que en el mercado negro puede alcanzar hasta los 12 mil dólares por kilo, lo que vuelve a la pesca furtiva de la especie un negocio redondo para el crimen organizado, que vende el producto a China, aunque muchas veces lo intercambia por precursores químicos para crear metanfetamina y fentanilo. Como se sabe y este diario ya lo ha narrado, en la captura de la totoaba hay una víctima colateral: la vaquita marina, de la que, conforme las autoridades mexicanas e internacionales informaron, ya sólo quedan diez con vida.

En resumen, este negocio alternativo del crimen organizado tiene en riesgo de desaparición tanto a la totoaba como a la vaquita marina, al mismo tiempo que se trata de un problema de seguridad que afecta al norte de Sonora.

Problema binacional

Pero el drama ambiental no se queda en eso, ya que una demanda del producto desde Estados Unidos (EU) empeora la situación con un gobierno vecino que ya amenazaba con duras sanciones si México no se apegaba al plan de rescate de las especies. Desde abril, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) ha reportado una serie de decomisos de buche de totoaba en sus cruces fronterizos con Sonora, lo que ha encendido las alarmas porque desvela un consumo del producto ya en territorio estadounidense.

Lo descrito está lejos de ser un asunto menor, pues se da poco después de que el gobierno de Joe Biden dio a México un año de plazo para proteger definitivamente a la vaquita marina y disminuir así el tráfico de totoaba. De no ofrecer resultados contundentes, nuestro país se enfrenta a sanciones comerciales que dejarían lastimado al sector pesquero e industrial.

Como respuesta, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que sigue el plan internacional propuesto por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), al tiempo de solicitar a la comunidad internacional “para trabajar de manera conjunta en el cumplimiento de los compromisos adoptados por las Partes dentro de la Convención”, informó la Secretaría de Medio Ambiente.

Respuesta militar

Como medida urgente para mitigar la presencia del crimen organizado en el Golfo de Santa Clara y regiones aledañas, el gobierno federal decidió enviar a 1500 elementos militares para redoblar la vigilancia y robustecer los operativos contra la pesca ilegal.

Si bien no todos los elementos estarán en tales tareas, sí se prometió que un nutrido grupo lo hará; fuentes de la Secretaría de Gobernación dijeron a este medio que se prioriza combatir tanto la pesca ilegal como la comercialización de las especies, en el entendido que eso influye en la llegada de precursores químicos y de flujo de efectivo para los cárteles.

Pese a los esfuerzos promocionados, representantes republicanos y demócratas no han escondido su molestia tanto contra el gobierno de Biden como contra el de López Obrador, pues consideran que Washington debería ser más estricto con su contraparte. Sarah Uhlemann, directora del Centro para la Diversidad Biológica dijo estar “decepcionada con el gobierno de Estados Unidos por hacer tan poco para salvar a las vaquitas de la extinción”.

Fuente: Tribuna