Cajeme, Sonora.- La justicia social en el caso del desastre ambiental en la cuenca del Río Sonora, ocasionada por el derrame de 40 mil millones de litros de residuos peligrosos por parte de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, comienza a darse tras nueve años de espera. El jueves, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dio a conocer que el terrible daño, que contaminó agua y suelo de la cuenca, así como envenenó animales y enfermó a cientos de sonorenses, fue causado por un mal diseño del sistema de presas de la mina.

La dependencia federal también confirmó que la contaminación persiste a lo largo del río y en el interior de las comunidades ubicadas en las cercanías del cauce. La presencia de metales pesados, de arsénico o hierro en los organismos de los habitantes de la zona así lo confirmó. Los técnicos de Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del Nacional de Ecología y Cambio Climático, dieron detalles de cómo en Cananea la contaminación por metales pesados en el subsuelo es alarmante, pues, por ejemplo, el arsénico (cancerígeno y mortal) tiene valores muy por encima de la Norma Oficial Mexicana (NOM); los residuos están entre el agua bebible y de uso diario, y en todas las superficies, lo que pone en riesgo la salud de la población.

Para la Semarnat, los resultados de las pruebas de calidad del agua superficial a lo largo del río dan muestra de que no existió remediación ambiental, al tiempo de que se supo que el 57 por ciento del agua limpia de la cuenca para en manos de Grupo México, que sobreexplota el acuífero. Los documentos presentados por la autoridad dan cuenta de la presencia de arsénico en todas las muestras obtenidas de las tomas de agua domiciliarias, además de aluminio en bastantes más.

Adrián Peraza, técnico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), explicó que hubo un diseño ineficiente del sistema de presas y aunque “la empresa hizo una readecuación de ellas y las que había en 2014 fueron destruidas, se hicieron otras con manejo de lluvias extremas”. Peraza mencionó que mientras en 2011 la mina elevó su producción de cobre, comenzó a bajar el agua disponible en el acuífero; actualmente la mitad de los pozos tienen parámetros fuera de norma, además de que el agua tiene problemas de contaminación.

Cabe recordar que desde que ocurrió el derrame, Grupo México argumentó que se trató de un accidente, lo que el informe de Semarnat echa por tierra, puntualizando que el terrible hecho fue causado por un mal y deficiente diseño hidrológico del sistema Tinajas 1 de Buenavista del Cobre. Pese a que los afectados sumaron los 22 mil, la firma propiedad del magnate Germán Larrea nunca reconoció que se trató de un ecocidio.

Para aquellos tiempos, se creó un Fideicomiso de poco más de dos mil millones de pesos, el cual la empresa solicitó cerrar cuando aseguró que ya había hecho todo lo que se acordó para remediar los daños provocados, lo que provocó indignación y marcó el inicio de la lucha de la comunidad afectada, que buscó por todos los medios legales que no se cerrara, algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió a su favor.

Hoy, la Semarnat también rechazó el cierre del fideicomiso, pero ya la reparación económica que adeuda Grupo México a los afectados asciende a 20 mil 508 millones de pesos, lo que la empresa se ha negado a abonar.

Celebran

Ramón Miranda, uno de los voceros de las comunidades afectadas, explicó en entrevista que la noticia “esta noticia claro que la tomamos con mucho gusto y esperanza para nuestra lucha, una larga lucha ya de nueve años (…) nos permite demostrar que lo que decía Grupo México que todo fue un accidente resultó falso, ya demostrado por Semarnat”.

Aparte de esto ya la autoridad declara como responsable del daño a Grupo México, ahora sí que esta verdad que siempre se ocultó ya salió a la luz pública y sale así como nosotros lo habíamos luchado (…) fue una lucha muy intensa, de un amparo tras otro hasta que la autoridad nos atiende”, añadió.

Miranda dejó ver que lo dicho por Sermarnat les permite poder exigir y presionar con argumentos a que las cosas ocurran como lo necesitan y, sobre todo, basadas en la justicia. “Este diagnóstico será valiosísimo para que la autoridad obligue a que nos presenten actividades concretas, que se remedien los problemas a fondo, nos permitirá exigir resultados”.

Fuente: Tribuna