Hermosillo, Sonora.- El recinto legislativo de Sonora con sede en Hermosillo dio un paso importante al avalar una reforma constitucional que impacta directamente las finanzas públicas. Por mayoría de votos, las y los integrantes del pleno respaldaron establecer un tope máximo a las pensiones asignadas a los trabajadores estatales de confianza. Según el documento leído durante la sesión, este límite quedará fijado en la mitad del salario mensual que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo federal, cifra equivalente a 70 mil pesos.
El diputado Óscar Ortiz Arvayo, del Partido del Trabajo (PT) y representante de la Mesa Directiva, se encargó de presentar esta minuta relacionada con las adiciones al artículo 127 de la Constitución del país, aplicables también a empresas productivas y organismos descentralizados. Durante la misma sesión de trabajo, el cuerpo de diputados abordó la necesidad de resguardar el trabajo creativo. La legisladora Ana Gabriela Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), impulsó un acuerdo que pide a los 72 ayuntamientos del estado revisar sus normativas actuales.
La meta de esta solicitud es que los municipios informen si disponen de reglamentos orientados a los espectáculos públicos que garanticen el respeto a los derechos de autor de los creadores. En materia de relaciones fronterizas, el diputado David Figueroa Ortega, del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal. Su propuesta busca dar vida al Consejo Estratégico de Coordinación Económica Sonora - Arizona.
Este ente operaría como un espacio de trabajo continuo para fomentar el comercio, la inversión tecnológica y la innovación entre ambas entidades vecinas. La intención es dar claridad a las dependencias actuales, sumando a la Secretaría de Economía y Turismo como el motor central del desarrollo binacional.
El bienestar emocional de las nuevas generaciones también ocupó espacio en la tribuna. Rubén Refugio González Aguayo, diputado por el Partido del Trabajo, planteó modificar la legislación protectora de niñas, niños y adolescentes en el estado. El objetivo de su documento es garantizar el derecho a la salud mental desde una perspectiva de prevención, procurando implementar medidas de detección oportuna, tratamiento adecuado y un seguimiento continuo.
Por último, la diputada Alejandra López Noriega promovió cambios a la Ley del Agua estatal para defender a los consumidores frente a posibles cobros excesivos. El proyecto exige establecer reglas claras de consumo, tiempos definidos para solucionar errores de facturación, protección contra sanciones injustificadas y atención rápida de fugas. Asimismo, propone prohibir los cortes de servicio en hogares con alta vulnerabilidad económica e implementar procesos de conciliación más accesibles para la ciudadanía.
Todas estas propuestas fueron canalizadas a las comisiones correspondientes, como Gobernación y Puntos Constitucionales, Derechos de la Niñez, y Agua, para su estudio a fondo.
Fuente: Tribuna del Yaqui
