Madrid, España.- El reconocido cantante originario de España, Julio Iglesias, recientemente lanzó un comunicado a través de sus redes sociales, en el cual ha hecho una contundente petición a la justicia española, para dejen de investigarlo y que archiven acusaciones de agresión sexual que dos exempleadas hicieron en su contra, señalando que ellos carecen de autoridad con respecto a estas declaraciones.
Hace una semana, salió a la luz una entrevista de exempleadas de Julio, en al que lo acusan de haber abusado de ellas sexualmente, embriagándolas y obligándolas a tener relaciones íntimas en Punta Cana, República Dominicana. Ante esto, el intérprete de Con La Misma Piedra, a través de su cuenta de Instagram, Julio acaba de romper el silencio, declarando que sería incapaz de hacer algo así: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".
Ahora, el padre de Enrique Iglesias, tras varios días de asesoría legal, y de haber negado rotundamente su culpabilidad, a través de sus redes sociales, lanzó un comunicado legal escrito por su abogado, José Antonio Choclán, en el que pide que se archive la denuncia en su contra presentada por dos exempleadas por presuntos delitos sexuales y trata de personas al considerar que la justicia española no tiene jurisdicción.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional para el cantante, de 82 años", indicó el abogado.
El abogado del cantante español, en la petición emitida a la Fiscalía de España, asegura que que los presuntos delitos "deben perseguirse en el lugar de comisión" y que, sólo en caso de que eso no sea posible, entonces "podrían ser, eventualmente, perseguibles en España", además de señalar que las denunciantes no son ni residen en España: "No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente".
Pero, pese a la petición a la Fiscalía, existen organizaciones, se ha informado que las oeneges Women's Link y Amnistía Internacional, que apoyan a las denunciantes, habían indicado que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española puede ser más favorable para estos casos. Hasta el momento, solo se sabe, que la justicia española ha concedido el estatuto de testigos protegidos, según las asociaciones, y brindará a ambos la oportunidad de ser escuchados.
Fuente: Tribuna del Yaqui
