Buenos Aires, Argentina.- La justicia en Argentina decidió retomar las acciones legales relacionadas con el clan liderado por Gloria Trevi y Sergio Andrade. Este movimiento busca dar seguimiento a las denuncias de trata de personas y explotación que han afectado a diversas víctimas durante décadas. El pasado 23 de marzo, se remitió un aviso desde el gobierno argentino hacia la representación de México en aquel país, solicitando apoyo para avanzar en las indagatorias que involucran también a María Raquenel Portillo.
El origen de este nueva acción legal reside en la denuncia de Liliana Regueiro, cuyo proceso legal se mantuvo estancado durante mucho tiempo. La falta de ayuda entre naciones como España, Brasil y Chile impidió que las acusaciones prosperaran en su momento. Sin embargo, el panorama actual muestra una disposición distinta por parte de las autoridades para enfrentar delitos de esclavitud y maltrato infantil que trascendieron las fronteras mexicanas.
Verónica Toller, quien dirige los esfuerzos contra la trata en Argentina, fue la encargada de enviar la comunicación a la embajadora Lilia Eugenia Rossbach Suárez. Este paso busca que las pruebas y testimonios acumulados en México sirvan para fortalecer el expediente en el cono sur. Según los reportes difundidos por la periodista María Idalia Gómez, existe una demanda social creciente en toda la región para desmantelar estructuras que permiten este tipo de abusos y restan poder a grupos señalados por actividades ilícitas.
Un punto fundamental en esta reapertura son las fallas detectadas en el sistema judicial de México. Se han señalado comportamientos poco éticos e irregularidades graves durante los juicios realizados en territorio mexicano. Por ejemplo, se menciona que, durante una demanda civil, se filtraron datos personales de víctimas que debían estar protegidas. Además, surge la figura de Javier Pineda, un antiguo juzgador que dictó sentencias a pesar de no contar con el documento profesional necesario para ejercer sus funciones en aquel tiempo.
Las víctimas han relatado tratos degradantes durante las audiencias pasadas. Marlene Calderón, una de las personas afectadas, denunció que el encargado de impartir justicia realizó comentarios fuera de lugar y mostró una actitud hostil mientras ella rendía su testimonio. Estas situaciones han generado dudas sobre la legalidad de las decisiones tomadas hace años, lo que motiva a los tribunales extranjeros a revisar los hechos con mayor rigor.
La posibilidad de que surjan nuevas querellas en otros países es alta, ya que el grupo operó bajo un esquema que se extendió por diversos territorios. Con esta reactivación, se espera que la cooperación internacional sea real y permita esclarecer los hechos que quedaron pendientes, buscando que la impunidad ya no sea el camino para quienes cometieron estos actos contra menores y mujeres jóvenes.
Fuente: Tribuna del Yaqui
