Ciudad de México.- La mañana del martes 19 de julio, se reanudó la audiencia relacionada a las investigaciones sobre la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la cual colapsó el pasado 3 de mayo del 2021, evento que dejó un salgo de 26 personas muertas y más de 90 heridos, motivo por lo que a más de 24 horas de haber iniciado este proceso judicial, se determinó vincular a proceso a un total de ocho exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de México.
Cabe destacar que hace unos días también se llevó a cabo una audiencia en trono a este siniestro donde un convoy del transporte público colapso en el tramo elevado de la línea dorada, donde las autoridades entonces determinaron que los exfuncionarios involucrados, entre ellos Enrique Horcasitas, no tendrían prisión preventiva tras el riesgo de fuga del país; sin embargo, fueron llamados a firmar mensualmente dejándolos llevar el proceso en libertad, evento que causó indignación entre las familias de los finados quienes exigieron justicia.
Te podría interesar
No obstante, el juez José Luis Palacios definió cuál es la situación jurídica de los exfuncionarios a quienes se les señala por los delitos de: homicidio diversos 26, lesiones diversos 34 y daño a la propiedad, cada uno en la modalidad de culposo contra Moisés Guerrero Ponce, quien se desempeñó como director de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, ahora exdirector de Obras Civiles de Proyecto Metro; Enrique Baker Díaz, quien fungía como subdirector de Estructura e Ingeniería y el más relevante de este hecho Enrique Horcasitas, ahora exdirector del denominado Proyecto Metro.
Otros de los exfuncionarios vinculados por los delitos antes mencionados son: Ricardo Pérez Ruiz; Juan Carlos Ramos Alvarado; Fernando Amezcua Ordaz y Fernando Ramiro Lalana. Asimismo, se recuerda que la audiencia no ha concluido, por lo cual será en las siguientes horas cuando se determine si estos funcionarios deberán contar con un brazalete electrónico que permita conocer su ubicación y con ello, evitar que escapen del país, ya que solo se dictó la vinculación a proceso más quedan pendientes otras medidas cautelares, como son la prisión preventiva. Lo de dicho dispositivo electrónico fue pedido por los familiares de las 26 personas muertas tras el derrumbe del tramo elevado en la zona de la estación Olivos a Tezonco.
Los abogados de los vinculados a proceso han manifestado que, ponerlos bajo prisión preventiva sería una clara violación a sus derechos humanos por lo que será en la siguiente etapa de la audiencia que se defina si continuarán con la firma mensual ante el juzgado ubicado en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc o bien, si se toman otras medidas. Hasta ahora, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, representantes del Gobierno Federal o los directivos del Metro, no se han pronunciado por esta vinculación.
Fuente: Tribuna