Ciudad de México. - A pocos días de concluir su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una controversial iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ante la Cámara de Diputados. La propuesta busca otorgar a campesinos, comunidades indígenas y afromexicanas, así como a algunos trabajadores del Estado, el derecho a portar armas de fuego para proteger sus bienes y seguridad.
La reforma pretende otorgar certeza jurídica a grupos como ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, jornaleros y avecindados, quienes podrían portar pistolas, rifles y escopetas. Entre las armas permitidas estarían pistolas semiautomáticas de calibre no superior al .380, rifles calibre .22 y escopetas, excluyendo aquellas con cañones de menos de 635 mm o calibres superiores a 18.5 mm.
Hay que subrayar que el texto de la iniciativa justifica la necesidad de que los campesinos y otros trabajadores del campo puedan portar armas para proteger sus bienes jurídicos tutelados, como la propiedad y sus medios de subsistencia, y evitar ser sancionados por autoridades en caso de poseerlas. Además, la propuesta se extiende a ciertos empleados de áreas estratégicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Banco de México (Banxico), la Casa de Moneda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el fin de fortalecer la seguridad en estas instituciones clave para el país.
Actualmente, la Secretaría de Gobernación (Segob) es la entidad responsable de otorgar licencias de portación de armas. Sin embargo, la iniciativa de López Obrador plantea que estas licencias sean emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el titular del Ejecutivo Federal, centralizando el control sobre los permisos.
Pero eso no es todo, pues la reforma también contempla la adición de nuevas armas al catálogo de uso exclusivo del Ejército, entre ellas las de calibre 5.7 x 28 mm, .357 en sus diversas variantes, y 5.56 mm. Además, se busca prohibir la venta general de pistolas de calibre 9 mm y .357, así como otros modelos de alto poder destructivo, debido al impacto letal que generan.
La iniciativa también incluye regulaciones para las armas de gas, aire comprimido o pistón con calibres superiores a 5.5 mm, que suelen utilizarse en actividades deportivas, pero cuyos efectos pueden ser comparables a los de las armas de fuego.
López Obrador sustentó su propuesta citando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que muestran un alarmante aumento del 93.96 por ciento en homicidios dolosos con armas de fuego entre 2015 y 2021. El presidente considera que la reforma es necesaria para enfrentar esta tendencia y proteger a los sectores más vulnerables.
La iniciativa ha generado un intenso debate entre quienes apoyan el derecho de los campesinos y trabajadores a portar armas para defenderse, y quienes temen que la medida pueda incrementar la violencia y la inseguridad en las zonas rurales y estratégicas del país. A medida que la discusión avance en el Congreso, esta reforma promete ser un tema central en los últimos días del gobierno de López Obrador.
Fuente: Tribuna