Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al congreso una iniciativa para reformar la Ley General de Aguas y el artículo 4° constitucional, con el objetivo de ordenar el uso del agua en el país, garantizar su acceso como derecho humano y devolver este recurso estratégico a la nación.
La propuesta presidencial elimina la posibilidad de vender o transferir títulos de concesión entre particulares, una práctica que se permitió desde 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando la ley fue modificada para permitir la transmisión de concesiones entre privados. De acuerdo con Sheinbaum, esa reforma convirtió el agua en una mercancía, generando descontrol, uso excesivo del recurso y falta de supervisión.
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El agua deja de ser una mercancía y se convierte en un instrumento de la nación", aseguró la mandataria.
Con la nueva iniciativa, en caso de cambio de uso de suelo, por ejemplo, de agrícola a urbano, el título deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que emitirá uno nuevo a partir de un cálculo técnico del volumen requerido.
La iniciativa también propone:
- Fortalecer la supervisión de Conagua.
- Establecer sanciones más severas contra quienes incurran en prácticas ilegales.
- Simplificar y transparentar la gestión del agua en todo el país.
Según la propia Conagua, actualmente existen más de 58 mil irregularidades en títulos de concesión, incluyendo coordenadas falsas y usos no autorizados. Sheinbaum subrayó que el agua es un recurso escaso, especialmente en el centro y norte de México, por lo que su uso debe ser eficiente, equitativo y sustentable. "El agua es de la nación. Es concesionable, pero de manera ordenada y con pleno respeto al derecho humano al agua", afirmó.
La propuesta fue elaborada tras 13 foros nacionales en los que participaron industriales, agricultores, municipios y estados, lo que, de acuerdo con la presidenta, garantiza un amplio consenso social. Con esta reforma, el Gobierno Federal busca dar un paso histórico en la protección del agua como bien nacional, evitando que sea tratada como mercancía y asegurando que su uso sea justo y sustentable para las próximas generaciones.
Fuente: Tribuna del Yaqui
