Teuchitlán, Jalisco.- El reciente descubrimiento de un campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, está conmocionado a la sociedad mexicana y deja en claro la brutalidad de la violencia asociada al crimen organizado en México. Este lugar, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), funcionaba como centro de entrenamiento y exterminio, donde se realizaban prácticas atroces.
El hallazgo fue realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes, alertados por una llamada anónima, encontraron en el sitio hornos crematorios, fosas clandestinas y restos humanos calcinados. Además, se identificaron áreas destinadas al entrenamiento táctico y acondicionamiento físico, utilizadas para la formación de sicarios.
Te podría interesar
Entre los objetos recuperados en el rancho se encontraron más de 200 pares de calzado de diversos tipos, prendas de vestir tanto masculinas como femeninas, identificaciones personales, mochilas, maletas, cargadores para armas, listas con apodos, medicamentos, artículos de higiene personal y una especia de altar con una figura de la Santa Muerte. Estos indicios sugieren la presencia de numerosas víctimas que fueron ejecutadas en el lugar.
Este descubrimiento está generando críticas hacia las autoridades locales y federales por una supuesta falta de acción y poco apoyo a las familias de personas desaparecidas. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) acusó al gobierno de ocultar cifras sobre los extraviados, afirmando que han aumentado en un 40 por ciento, mientras que los homicidios dolosos han disminuido en un 15 por ciento.
La presidenta Claudia Sheinbaum refutó estas afirmaciones, asegurando que la CEM no cuenta con la información correcta y que su administración está comprometida con la transparencia y la justicia. En respuesta a la crisis, el Gobierno federal anunció nuevas reformas para unificar y fortalecer los registros de identificación y forenses sobre personas desaparecidas.
Estas medidas buscan mejorar la coordinación entre fiscalías y servicios forenses en todo el país, facilitando la identificación de las víctimas y agilizando las investigaciones. Se propone equiparar el delito de desaparición con el de secuestro y permitir la apertura inmediata de investigaciones sin esperar 72 horas, con el objetivo de combatir la impunidad y brindar respuestas a las familias afectadas.
Fuente: Tribuna