Ciudad de México.- La nueva Ley de Guardia Nacional otorgará amplias facultades de investigación e inteligencia con controles, mecanismos de rendición de cuentas lo que pone en riesgo los derechos humanos como el de la privacidad de los ciudadanos garantizado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, Amnistía Internacional (AI) se pronunció en la misma línea, señalando que la reforma permitiría que integrantes de la GN se postulen y pidan licencia para ocupar cargos públicos, lo que podría derivar en un control político y en riesgos para la democracia.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), externó su preocupación por las amplias facultades que se le darán a esta corporación, en su cuenta de X aseguró que la seguridad pública debe ser responsabilidad de las autoridades civiles sujetas a controles democráticos y realizarse con pleno respeto y observación de los derechos humanos.
De acuerdo con información de El Universal, estos organismos internacionales alertaron sobre el peligro de que la Guardia Nacional maneje evidencias antes que las autoridades ministeriales en caso de las averiguaciones en materia de seguridad pública, debido a que aumentarían los riesgos de manipulación de pruebas, encubrimiento e impunidad en caso de violaciones cometidas por elementos militares.
Amnistía Internacional (AI) aseguró que con las recientes reformas a la Guardia Nacional (GN) que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, se corre el riesgo de que controle el rumbo del país, al otorgarles la facultad de pedir licencia a los elementos para ocupar cargos públicos de elección popular.
Por lo tanto, llamó al Congreso de la Unión a no aprobar esta reforma y analizarla a la luz de los derechos humanos, solicitaron revisar a profundidad estas reformas y su impacto en los derechos fundamentales, enfatizaron el papel de las autoridades civiles en materia de seguridad sujeta a controles democráticos.
En este sentido, no solo han sido políticos de oposición al partido en el poder, sino organizaciones civiles como las madres buscadoras o colectivos en defensa de los derechos humanos, quienes señalan el peligro que ven en este tipo de reformas, en conjunto, así como la posibilidad de permitir más atropellos y un menor índice de acceso a la justicia, al otorgar más facultades a instituciones de seguridad que en el pasado han atravesado crisis de corrupción, abuso de poder, malas prácticas entre otras deficiencias.
Fuente: Tribuna
