Ciudad de México.- La exsecretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, volvió a poner sobre la mesa el tema a discusión de la interrupción legal del embarazo en México, al darse a conocer las cifras de madres jóvenes en el país con edades entre 10 y 11 años cuyos padres tienen una diferencia de edad significativa hasta por 30 o 40 años con las menores.
La lista presentada por la Secretaría de Salud, reveló que las infancias en México no están plenamente protegidas y la lista está encabezada por niñas de estas edades de 30 nacimientos registrados durante 2024 de madres jóvenes, por lo que la senadora destacó que se trata de una problemática que requiere atención urgente y retomó el debate sobre la legalización del aborto en todo el país, pese a la oposición de grupos conservadores.
Expuso a través de su cuenta de X, que la interrupción legal del embarazo debería estar regulada en todos los códigos penales del país, y proceder aún sin el acompañamiento de los padres cuando se trate de una niña o adolescente, se debe prever como un derecho sin la necesidad de la autorización de los padres.
La activista Olimpia Coral Melo, también mostró su postura sobre este tema y aseveró que el aborto debe ser parte de una sociedad donde el abuso a las niñas está normalizado, cabe destacar que luchó para que más países incluido México se castigue a quien comparta sin autorización material íntimo y ejerza violencia digital bajo la denominada Ley Olimpia.
Bajo el hashtag #NiñasNoMadres, son varios los internautas que se han unido para dar su postura al respecto, activistas, figuras políticas y hasta importantes caras del medio del espectáculo, han exigido a las autoridades que se tomen las medidas necesarias para actuar contra estas cifras que ponen en evidencia el incremento de abuso infantil en el país.
Embarazos en menores de edad, deben considerarse como violaciones: GIRE
Rebeca Lorea, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirma que en todos esos casos de niñas embarazadas deben considerarse violaciones, porque a esas edades no se puede afirmar que hubo consentimiento, las autoridades de salud por lo tanto están fallando en la aplicación de la Norma 046 y la Ley General de Víctimas que establece la interrupción legal del embarazo a víctimas de violencia sexual.
Sin embargo, no proporcionan estos servicios por desconocimiento de la norma prejuicios del personal médico, la Norma 046 garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo a las mujeres que las soliciten y si ya tienen 12 años basta con que presenten un escrito solicitando el servicio.
Sin embargo, esa norma también prevé la figura de “objetor de conciencia”, a la cual pueden acogerse los doctores que no quieran participar en una interrupción de embarazo.
De acuerdo con la normativa vigente en el estado de Veracruz, basta una solicitud bajo protesta de decir verdad de que el embarazo es producto de una violación para acceder al servicio de aborto y a partir de los 12 años, las adolescentes pueden solicitarlo sin necesidad de la compañía de madre, padre o tutor.
Sin embargo, en la práctica suelen solicitarse requisitos adicionales, como una denuncia o una autorización por parte del ministerio público. Además, se imponen obstáculos injustificados, por ejemplo, la falta de personal médico o de equipamiento para practicarlo.
El desconocimiento de las autoridades respecto a sus obligaciones deriva en violaciones a los derechos humanos de las niñas y mujeres que solicitan dichos servicios.
De 2012 a septiembre de 2018, GIRE acompañó 38 casos en donde hubo negación de servicios de aborto seguro, de los cuales 26 eran de menores de edad que fueron violentadas sexualmente. Veracruz y el Estado de México son las entidades con más partos de niñas de 10 años en 2018, con seis casos cada uno, le siguen Coahuila y Puebla, con cuatro.
Durante ese mismo periodo el Estado de México encabeza la lista de partos de niñas menores de 14 años, le siguen Veracruz, Puebla, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.
El panorama en México muestra que el embarazo en niñas y adolescentes se relaciona con diferentes factores, incluyendo los altos índices de violencia sexual y la falta de acceso a servicios para víctimas, así como la brecha entre el conocimiento general y funcional de métodos anticonceptivos entre las personas jóvenes.
Avanza gradualmente despenalización del aborto en México
De acuerdo con información de Infobae, en México, la despenalización del aborto ha avanzado gradualmente a través de resoluciones legislativas y judiciales tanto a nivel estatal como federal, hasta junio de 2025, los siguientes estados han despenalizado el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022)
Quintana Roo (2022), Aguascalientes (2023, por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), Jalisco (2024, vía judicial), Coahuila (2024, tras fallo de la SCJN que anuló artículos del Código Penal), Sonora (2024, por orden judicial federal), Estado de México (2023), Morelos (2024) y Tlaxcala (2024).
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, estableciendo jurisprudencia obligatoria para jueces en todo el país.
Posteriormente, en septiembre de 2023, la SCJN resolvió que el sistema federal de salud no puede negarse a practicar abortos cuando sean solicitados dentro del marco legal, lo que fortaleció el derecho a nivel nacional, incluso en entidades donde aún no se han realizado reformas locales.
Fuente: Tribuna
