Ciudad de México.- La ley Telecom que permite la geolocalización de celulares sin una orden judicial en tiempo real permitirá conocer con quién se reúnen los ciudadanos, a qué hora y en donde, el artículo 160 establece que los concesionarios deberán colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica de los dispositivos
En el artículo 183 se menciona que los concesionarios de telecomunicaciones colaborarán con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica de los equipos telefónicos y entregarán a las autoridades datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil.
Esto contempla el número de destino, la modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, así como datos para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación y el servicio de mensajería o multimedia.
El senador Ricardo Anaya señaló que el nuevo proyecto, que debería al menos incluir adecuaciones desprendidas de los foros con especialistas y la supresión del artículo 109, no se ha circulado a los legisladores, fue mediante la conferencia mañanera donde se enteraron de los detalles de la ley Telecom a través de una presentación en Power Point del señor Pepe Merino como se enterarían de la reforma en materia de telecomunicaciones. "Entonces, ¿para qué votamos en el Congreso? Pues ya de plano que desaparezcan al Congreso y que desde el Ejecutivo decidan cuáles son las leyes vigentes". dijo.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que preside Sergio Gutiérrez Luna, recibió la minuta de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y dijo que será revisada con mucha responsabilidad y discutida durante la semana
La Ley en materia de Telecomunicaciones establece la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá sus funciones como nueva autoridad reguladora.
De acuerdo con información de El Universal, a través de 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, las reformas a la ley en materia de telecomunicaciones detallan los derechos de los usuarios y las audiencias, y garantiza el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, para que contribuyan con el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al presentar este dictamen, Javier Corral recordó que el Estado por primera vez brindará servicios de telecomunicaciones a través de una empresa pública a precios asequibles en zonas donde los operadores no llegan y también proporcionará internet gratuito en sitios públicos de todo el país.
Asimismo, mencionó que se eliminaron todas las expresiones directas o indirectas que pueden ser interpretadas como mecanismo de censura previa, pues enfatizó que se quitaron de esta ley los artículos que generaron polémica, como el 109. Este artículo establecía que las autoridades del gobierno federal, con ayuda de la Agencia de Transformación Digital, podían bloquear de forma temporal cualquier plataforma digital que consideraran incumplía con las disposiciones y las obligaciones.
En esta reforma se conservó el artículo en el que se faculta a la Secretaría de Gobernación a suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad proveniente de gobierno extranjero, salvo en contenidos de carácter cultural, turístico o deportivo.
La senadora Alejandra Barrales explicó que el voto a favor de MC se debe a que la reforma rectifica mayoritariamente los temas que su bancada señaló en la pasada iniciativa que entregó la presidenta y porque Morena escuchó a la sociedad civil para modificar la propuesta original.
Esta reforma tiene 70 cambios, en comparación con la que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en abril pasado y que generó controversia por el artículo 109. El Senado realizó cinco conversatorios, en los que se presentaron 89 participantes.
Asimismo, en la Cámara de Diputados se recibió la minuta para crear la Comisión Nacional Antimonopolio, que asumirá las funciones de la desaparecida Comisión Nacional de Competencia (Cofece). La nueva comisión contará con un órgano de gobierno compuesto por cinco personas comisionadas, cuya presidencia será designada por la persona titular del Ejecutivo Federal.
Fuente: Tribuna
