Ciudad de México.- Este pasado 26 de septiembre de 2025 se cumplieron once años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los hechos ocurrieron la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los alumnos se trasladaron a Iguala para abordar autobuses con destino a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, recordando la represión contra estudiantes en 1968.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los policías municipales fueron quienes abrieron fuego contra los jóvenes para impedir que abandonaran el lugar. Con el apoyo de otras corporaciones y de civiles, cerraron el paso a cinco transportes. Sin embargo, más tarde se descubrió que aquellos supuestos ciudadanos comunes eran, en realidad, integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.
Avances en el caso
En 2018 surgió la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, un organismo gubernamental que busca recabar información de diversas instituciones para que los familiares puedan obtener la tan ansiada justicia. Este organismo se involucra directamente con la Fiscalía General de la República (FGR) y, según El Mundo del Derecho, también con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
De hecho, hasta la fecha, con los análisis genéticos solo se han podido identificar a tres de las 43 víctimas, lo cual, aunque insuficiente, representa una esperanza. En cuanto a las identidades, en su momento se confirmó que se trataba de Alexander Mora Venancio, Julio César Ramírez Leyva y Christian Alfonso Rodríguez. Los implicados supuestamente fueron llevados a un basurero en Cocula, donde posteriormente fueron asesinados e incinerados.
CNDH reconoce fallas en las investigaciones
El 28 de noviembre de 2018, la institución encargada de defender los derechos humanos presentó el Informe Final del Plan de Trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial). En el contenido se establecía que la investigación estaba fragmentada, incompleta y oscura. Asimismo, el documento enfatizaba la falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada a los responsables, ya fuera por acción u omisión.
No obstante, lo más grave es que la CNDH destacó la falta de avances en la investigación oficial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En general, la entrega de información militar durante todo este tiempo ha sido más que escasa, pues en varias ocasiones los familiares y abogados de los afectados han exigido la apertura total de archivos, incluidos más de 800 folios que permanecen reservados, lo que ha generado litigios activos sobre transparencia y acceso a la información.
Uno de los cambios más recientes en el caso ocurrió con el representante legal Vidulfo Rosales Sierra, quien defendía a las familias de los 43 normalistas y dejó de hacerlo el 19 de agosto del presente año por motivos personales y de salud. En contraparte, se incorporó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como secretario de estudio y cuenta adscrito a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Máximo Tribunal.
Fuente: Tribuna del Yaqui
