Hacia el cierre del periodo legislativo, en el Senado de la República aprobamos la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que son parte de los compromisos de la presidencia de la República para lograr la implementación efectiva del Plan Nacional Hídrico 2024-2025, y de las propuestas de campaña que presentamos al pueblo cuando pedimos su voto en 2024.
En los últimos años, uno de los problemas más graves del país ha sido la mala administración del agua —sobre todo a partir de la reforma constitucional de Salinas de Gortari en 1992, que mercantilizó su uso—, la cual ha ocasionado que entidades como Sonora se encuentren en una situación de estrés hídrico, afectando el desarrollo de las actividades diarias, como el acceso de los hogares al agua potable y su disponibilidad para la producción del campo.
El objetivo del Plan Nacional Hídrico es garantizar el derecho humano al agua en calidad y cantidad suficiente, asegurar la sostenibilidad de los recursos, así como fomentar un manejo adecuado y responsable del agua en todos sus usos. Está conformado por cuatro ejes: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso al agua; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; gestión integral y transparente.
Entre las acciones estratégicas de la política hídrica está el ordenamiento de las concesiones de agua para evitar la sobreexplotación y el acaparamiento; un programa nacional de tecnificación para su uso eficiente en el campo; 16 proyectos de infraestructura de agua potable; saneamiento de ríos; y un acuerdo nacional con distritos de riego y el sector industrial para la devolución de 2,500 millones de m³ de agua para consumo en las zonas de mayor estrés hídrico, el cual ya fue suscrito.
Con la nueva legislación se busca garantizar que el agua, como bien público, sea un derecho y no una mercancía. En este sentido, el domingo pasado, en Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el titular de CONAGUA, Efraín Morales López, entregaron 12 títulos de concesión de agua a productores del estado; hecho que forma parte del proceso de regulación, reordenamiento, así como de una gestión eficiente y transparente del agua, establecidos en la Ley.
Ante la desinformación, es importante reiterar que la finalidad de la Ley General de Aguas no es prohibicionista, sino regulatoria. Con las nuevas reglas están garantizados los títulos de concesión; el propietario puede rentar o vender sus tierras con dicho título; solo es necesario que el nuevo propietario avise a CONAGUA de su interés. Lo que se sanciona no es la tenencia de un título, sino el uso ilegal del agua.
Sonora se está beneficiando con la política hídrica del Gobierno de México. Ejemplo de ello es la tecnificación del Distrito de Riego 018, que es el primer distrito administrado por un pueblo indígena. Así mismo, con una inversión de 5,600 millones de pesos, se tecnificarán los distritos 038 y 041, en beneficio de más de 10 mil productores y la eficiencia en la producción de más de 26 mil hectáreas.
Por el bien de todas y todos, una mejor gestión del agua.
Lorenia Iveth Valles Sampedro
Senadora de la República
