Ciudad de México.- El exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles podrá ser detenido luego de dejar sin efectos la jueza federal la medida cautelar que evitaba su captura, por haber incumplido con la condición de pagar la cantidad de un millón de pesos como garantía ni haberse presentado ante la jueza de control en el reclusorio oriente.
La jueza del Noveno Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México Jovita Vargas, ordenó dejar sin efectos la suspensión definitiva de la orden de captura en contra del expolítico acusado del desvío de más de 3 mil millones de pesos durante su gestión como gobernador del estado de Michoacán, toda vez que venció el plazo el pasado viernes 23 de mayo a la media noche de la causa penal que impedía su aprehensión.
“Se deja sin efectos suspensión definitiva. En otra orden, del estado procesal que guardan los autos del presente incidente de suspensión, se advierte que el quejoso (Silvano Aureoles) no cumplió con las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo de 2025, pues no exhibió la garantía económica establecida ni acreditó haber comparecido de manera personal ante la Juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal 118/2025, a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que se le concedió”, dice la resolución.
Aunque en la decisión de la juzgadora se especifica que cuentan con autorización para ejecutar la orden de captura en contra del exgobernador, también se especifica que “mientras no se ejecute la orden de aprehensión reclamada, el quejoso podrá acreditar el cumplimiento dado a las obligaciones impuestas en la resolución interlocutoria, con lo cual, de inmediato volverá a surtir efectos la suspensión definitiva”.
De acuerdo con información de Infobae, Silvano Aureoles tramitó un recurso de revisión contra la suspensión definitiva emitida por la jueza novena de distrito penal para intentar interrumpir el plazo y cumplir con las condiciones impuestas para mantener la medida vigente de llevar el proceso en libertad, pero la juzgadora rechazó la petición.
La jueza a cargo de la causa penal en el reclusorio oriente Patricia Sánchez el pasado 20 de agosto citó al exgobernador a una audiencia inicial y la FGR le imputó los delitos de desfalco, peculado y daños al erario público de esa entidad por adquirir, a sobreprecio, cuarteles de la Guardia Civil en Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Por este caso, el pasado mes de marzo cuatro de los excolaboradores de Aureoles fueron vinculados a proceso por peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Fuente: Tribuna
