Ciudad de México.- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró una suspensión provisional para evitar una posible detención en su contra. Esta medida fue otorgada por un secretario en funciones de juez, como parte de un juicio de amparo que el también exalcalde de Zitácuaro promovió ante los señalamientos por diversos delitos relacionados con la administración pública.
El exmandatario es señalado por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Estos cargos estarían vinculados a la adquisición de cuarteles de la Guardia Civil en municipios clave de Michoacán como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, operación que habría generado un sobrecosto millonario para el erario estatal.
Como condición para que la suspensión tenga efectos legales, el juez en funciones determinó que Aureoles deberá depositar una garantía de 52 mil pesos en un plazo de 5 días hábiles. Este monto es requerido conforme al artículo 168 de la Ley de Amparo, con el objetivo de que la suspensión se mantenga vigente hasta que se resuelva si procede o no una medida definitiva.
En el acuerdo judicial se establece que, mientras esté activa la suspensión provisional, no podrá ejecutarse ninguna orden de aprehensión en su contra y todo deberá permanecer en el Estado actual. No obstante, se precisa que esta medida no aplica si el exgobernador es sorprendido cometiendo un delito en flagrancia o si incurre en nuevos actos ilícitos después de la concesión del amparo.
El documento también aclara que esta medida no implica que Aureoles deba presentarse ante ninguna autoridad ni cumplir con otras medidas cautelares, dado que el arresto como medio de apremio no tiene el mismo carácter que una orden de aprehensión emitida formalmente por un juez o el Ministerio Público. Cabe recordar que en marzo pasado, cuatro exfuncionarios de su administración fueron vinculados a proceso.
Dichas personas están acusado por su presunta participación en la compra inflada de los mismos cuarteles, provocando un daño estimado al erario de aproximadamente 3 mil 400 millones de pesos.
Fuente: Tribuna
