Ciudad de México.- En el estado de Querétaro el sistema de justicia enfrenta severos cuestionamientos, luego de que las autoridades decidieran procesar legalmente a un joven de la comunidad indígena de Huimilpan que sufrió un aborto espontáneo. Desde la perspectiva de la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández, Esmeralda tiene que recibir una sentencia penal, perspectiva que fue desacreditada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este lunes, se abordó el caso durante la conferencia matutina y la mandataria reprobó que se intente criminalizar a la menor de 14 años. Dado que no está de acuerdo con la postura queretana, la líder del Poder Ejecutivo ha contactado a la familia de la afectada, a través de Citlalli Hernández, quien funge como titular de la Secretaría de las Mujeres, para brindarle apoyo.
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El pasado 24 de octubre, la Fiscalía y un abogado ligado al gobernador estatal Mauricio Kuri González solicitaron que Esmeralda sea condenada a pasar tres años en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes. A su vez, se busca que pague una multa de 518 mil pesos como reparación del daño hacia el padre. Sobre esta última figura es importante mencionar que es tres años mayor que la joven, además de ser su familiar y haberla violado. Mientras se toma alguna decisión, la menor de edad permanece encerrada en su domicilio como medida cautelar.
Se sabe también que Esmeralda nunca enunció el abuso debido a la falta de educación sexual, según determinó un perito en Psicología después de haber interrogado a la adolescente. Bajo este contexto es que se pronuncia la académica y morenista, quien está en desacuerdo con la impartición de justicia aislada de la perspectiva de género y de derechos humanos. "No lo permitiremos", aseveró.
Recordó que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que está prohibido criminalizar el aborto de manera absoluta. "Es inaudito e ilegal", subrayó. Adelantó que va a coordinar una mesa de trabajo en la que esté presente Kuri González, la fiscalía, la titular del Instituto de las Mujeres del estado y la representación legal de la menor (Adax Digitales).
Fuente: Tribuna Sonora